CHILE

Chile es una república democrática representativa. El Presidente de Chile es al mismo tiempo Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. El poder legislativo recae tanto en el Gobierno como en el bicameralCongreso Nacional, compuesto por elSenado (Cámara Alta) y la Cámarade Diputados (Cámara Baja). Desde 2015, tras una reforma que sustituyó el sistema electoral binominal por uno más proporcional, la Cámara de Diputados y el Senado cuentan con 155 y 50 miembros respectivamente.

La Constitución de 1980 define a la República de Chile como un Estado unitario, democrático y presidencialista, cuya administración está funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada según el caso, de acuerdo con la ley (art. 3 de la Constitución). En un plebiscito celebrado en octubre de 2020, los chilenos votaron a favor de una nueva Constitución, para cuya redacción se encomendó una Convención Constituyente integrada por 155 hombres y mujeres en paridad de género y con escaños reservados para los pueblos indígenas; la propuesta final de redacción de la Nueva Constitución se presentó el 5 de julio de 2022. En un referéndum final que tuvo lugar el 4 de septiembre de 2022, la propuesta de nueva Constitución fue rechazada.

Desde finales de la década de 2000, el gobierno chileno ha llevado a cabo importantes reformas de descentralización y regionalización. A nivel regional, el poder deliberativo está en manos de un consejo regional, cuyos miembros (de 14 a 34 según el tamaño de la población) son elegidos directamente cada cuatro años, desde 2014. Los consejos regionales tienen una función normativa, resolutiva y supervisora dentro del ámbito de competencias de los gobiernos regionales. Las leyes N 20.990/2017 y N 21.073/2018 transformaron el sistema regional "mixto" (desconcentrado y descentralizado a la vez), vigente desde 1992, en un sistema de autogobierno pleno, estableciendo la elección directa del ejecutivo regional (gobernadores) por voto popular cada cuatro años. Los primeros 16 gobernadores regionales electos, que presiden el consejo regional, tomaron posesión de sus cargos en julio de 2021. Paralelamente, la Ley N 21.074 de 2018 transfirió competencias del gobierno nacional a las nuevas regiones autónomas en materia de ordenación del territorio, desarrollo económico y social y cultura. El Comité Interministerial de Descentralización apoya y asesora al Presidente de la República sobre las competencias a transferir, que pueden resultar de la iniciativa presidencial o a petición del gobierno regional. El nuevo Gobernador electo estará acompañado por un Delegado Presidencial, estos últimos son nombrados por el Presidente de la República para cada región y tienen como función y atribución el ejercicio de los asuntos relativos al gobierno interior, la seguridad pública, las emergencias y la coordinación de los servicios que operan en el territorio de cada región.

Los Secretarios Regionales Ministeriales (SEREMIS) son entidades desconcentradas que representan a cada ministerio a nivel regional. El Secretario Regional Ministerial colabora con el delegado presidencial coordinando la gestión de los servicios públicos en los respectivos territorios. La ley para la transferencia de recursos a nivel regional está aún en discusión en el Congreso.

A nivel local, desde 1992, los municipios están gobernados por un alcalde y un consejo municipal, elegidos directamente por un periodo renovable de cuatro años. En 1999, una ley constitucional amplió las competencias y responsabilidades municipales en materia de desarrollo económico, medio ambiente, planificación, igualdad de oportunidades, etc. El municipio está asesorado por un Consejo Comunitario de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), formado por representantes de las actividades y organizaciones comunitarias relevantes.

Los ministerios sectoriales y los organismos públicos desempeñan un papel importante en el diseño y la aplicación de las políticas. Mientras que varios ministerios sectoriales implementan políticas relevantes o con impacto para los gobiernos subnacionales, es la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) del Ministerio del Interior y Seguridad Pública la encargada de promover y conducir las reformas de descentralización y asegurar una transferencia efectiva de poderes y responsabilidades en las esferas política, económica y administrativa a los gobiernos regionales y a los municipios. La SUBDERE también recopila, procesa y difunde información relacionada con la gestión financiera municipal, la administración de personal y la prestación de servicios, a través del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM). Además de los ministerios competentes y la SUBDERE, los organismos públicos nacionales también han desarrollado vínculos con los gobiernos subnacionales, como la Corporaciónde Fomento de la Producción (CORFO). ElConsejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) es un órgano consultivo y asesor que formula propuestas de reforma y sigue la aplicación y el cumplimiento de la Política Urbana Nacional.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
NIVEL MUNICIPAL	NIVEL INTERMEDIO	NIVEL REGIONAL	NÚMERO TOTAL DE SNG (2021)
345 municipios (municipalidades)		16 regiones (regiones)
Tamaño municipal medio: 55 409 hab.
345		16	361

DESCRIPCIÓN GENERAL: Chile es un país unitario con un sistema de gobierno subnacional de dos niveles. La organización subnacional está definida en el Capítulo XIV de la Constitución de 1980, titulado "Gobierno y Administración Interior del Estado". El artículo 110 establece que el territorio de la República se dividirá en regiones, provincias y comunas (administradas por municipios). Hay 345 municipios y 346 comunas, ya que el municipio de Cabo de Hornos administra dos comunas, Cabo de Hornos y Antártica..

Chile también está dividido en 56 provincias a efectos administrativos; 40 provincias cuentan con un delegado presidencial provincial (que sustituye al antiguo gobernador provincial), nombrado por el Presidente de la República desde julio de 2021, como representante desconcentrado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

NIVEL REGIONAL: Las regiones administrativas se crearon en 1974, agrupando a 25 provincias. Las regiones administrativas se convirtieron en entidades autónomas con la Ley N 20.990 de enero de 2017, y las primeras elecciones regionales tuvieron lugar en 2021. El poder ejecutivo recae en el gobernador regional y en elconsejo regional ( CORE) presidido por el gobernador regional. La Ley N 20.990 también estipula que la antigua figura delIntendente se denomina ahora Delegado Presidencial Regional, que es nombrado por el Presidente de la República y representa al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y, como tal, es responsable de la seguridad pública, las emergencias y la coordinación de los servicios públicos.

Las regiones oscilan entre los 103.158 habitantes de la Región de Aysén y los 7.112.808 habitantes de la Región Metropolitana de Santiago. El grado de urbanización ha aumentado a lo largo de los años, pasando del 83,5% en 1992 al 87,8% en 2017. Más de tres cuartas partes de la población vive en ciudades de más de 50 000 habitantes y sus respectivas áreas de desplazamiento (áreas urbanas funcionales, FUAs), en línea con la media de la OCDE. La proporción de población en las FUA de más de 500.000 habitantes es del 51%, inferior a la media de la OCDE del 60%. Todas las regiones han experimentado un importante aumento de inmigrantes: desde 2010, la inmigración ha crecido un 324%. En 2021, el 65,2% del total de inmigrantes vivirá en la región Metropolitana, seguido por el 8,4% de Antofagasta y el 5,9% de Tarapacá, en el norte del país.

Entre 2008 y 2018, las disparidades económicas regionales registraron la mayor caída entre los países de la OCDE; la región con el PIB per cápita más bajo del país, la Araucanía, creció un 3,2% anual en términos de PIB per cápita, mientras que en Antofagasta, la región más rica, el PIB per cápita disminuyó un 0,5% anual durante el mismo periodo. Sin embargo, Chile sigue teniendo uno de los niveles más altos de disparidades territoriales de la OCDE, con una concentración de actividades económicas de alto valor en pocas regiones debido a la importancia de las actividades intensivas en minería.

Si bien laPolítica Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) establece la necesidad de crear instancias de gobernanza a escala metropolitana - en particular para Santiago, Valparaíso (Gran Valparaíso) yConcepción (Gran Concepción) - esto aún no se ha implementado. La Ley N 21.074 de 2018 prescribe la creación de Áreas Metropolitanas - con competencias especiales como transporte, inversión pública, medio ambiente, entre otras. Los detalles para la creación de estas áreas serán descritos en un reglamento que aún no ha sido emitido.

NIVEL MUNICIPAL: En 1992, la Ley N 19.130, que reformó la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N 18.695), estableció a las municipalidades como corporaciones de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía. Sus funciones son promover el desarrollo económico, social y cultural de la comuna con la participación de la comunidad local. Está dirigida por el alcalde y el Consejo Municipal. Además, el municipio cuenta con un órgano consultivo, elConsejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), cuyo objetivo es permitir la participación de la comunidad. Esta reforma de 1992 fue seguida en 1995 por la Ley nº 19.388 que modificó la Ley de Ingresos Municipales, en particular el impuesto territorial y a su vez el Fondo Común Municipal, que es un mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos entre los municipios.

Desde 2013, una reforma municipal transfirió más responsabilidades a los 345 municipios. La reforma pretendía dotarles de herramientas, capacidades, recursos financieros y legitimidad para mejorar su autonomía y su rendimiento. En este sentido, la Ley N 20.922 (Ley de Plantas) de 2016 proporcionó más libertad y flexibilidad al alcalde para gestionar el personal municipal de acuerdo con las necesidades municipales en términos de mano de obra y cualificaciones. Los municipios, en promedio, son grandes en comparación con la OCDE (55 184 habitantes en Chile en relación a 10 254 habitantes en la OCDE). En cuanto al número de municipios por categoría de tamaño de población, Chile también ocupa un lugar destacado entre los países de la OCDE por tener muy pocos municipios pequeños, es decir, de menos de 2.000 habitantes (5% frente al 28% en la OCDE). Por el contrario, el 48% de los municipios chilenos tienen más de 20.000 habitantes, una cifra significativamente superior a la media de la OCDE, que es del 33%.

COOPERACIÓN HORIZONTAL: La reforma constitucional aprobada en 2009 (Ley Nº 20.346) permite la asociación formal y voluntaria de los municipios y la Ley Nº 20.527 de 2011 les permite transformarse en corporaciones privadas sin fines de lucro. Las asociaciones municipales pueden obtener personalidad jurídica de derecho privado y constituir o integrar corporaciones o fundaciones privadas sin fines de lucro cuyo objeto sea la promoción y difusión del arte, la cultura y el deporte, o la promoción de obras públicas municipales y el desarrollo productivo. Desde 2011, las asociaciones municipales pueden tener capital propio, contraer compromisos financieros, concursar por financiamiento y recibir subvenciones o subsidios del gobierno central. El reto más importante al que se han enfrentado las asociaciones municipales ha sido su financiación. Las asociaciones municipales se financian mediante las cuotas de sus miembros, destinadas a cubrir los costes operativos. Las asociaciones también pueden acceder a la financiación pública a través de procesos de licitación, pero éstos siguen siendo muy limitados.

Según la Ley N 18.695 (LOCMUN), los municipios tienen seis funciones exclusivas (Art. 3 LOCUN) y responsabilidades no exclusivas en 13 áreas (Art. 4 LOCMUN), que son uniformes para todos los municipios. Periódicamente se otorgan nuevas funciones a los municipios en diversas áreas; sin embargo, la prestación de servicios es realizada principalmente por entes territoriales estatales desconcentrados, concesiones privadas administradas por el Estado y parcialmente por los gobiernos subnacionales. En noviembre de 2017, laLey de Nueva Educación Pública recentralizó la administración y la gestión de las escuelas públicas, transfiriendo las competencias de los municipios al Ministerio de Educación, a través de una red de 70Servicios Locales de Educación, que se implementará completamente en 2030.

Las competencias de los gobiernos regionales están definidas en la Ley Orgánica Constitucional N 19.175. Incluyen la aprobación del plan de desarrollo regional y las inversiones regionales financiadas con los recursos que se entregan anualmente a cada uno de los gobiernos regionales para el desarrollo de sus prioridades sociales y culturales y el fomento de las actividades productivas. La Ley N 21.074 de 2018 transfirió nuevas competencias del nivel central al regional en materia de planificación territorial, desarrollo económico, desarrollo social y cultural, e infraestructura y transporte. También creó un mecanismo a través del cual las regiones pueden solicitar que se les transfieran más competencias. Este proceso se activará en 2022 tras la evaluación de las competencias ya transferidas.

Principales ámbitos y subámbitos de responsabilidad
ÁMBITOS Y SUBÁMBITOS	Regiones (si procede)	Nivel intermedio (si procede)	Nivel municipal
1. Servicios públicos generales (administración)	Administración interna; Asesoramiento municipal		Administración interna
2. Orden público y seguridad
3. Asuntos económicos/transporte	Desarrollo regional; Carreteras rurales; Ordenación del territorio		Desarrollo local; Turismo; Regulación del transporte local; Regulación del tráfico (compartida); Desarrollo económico
4. Protección del medio ambiente			Conservación de la flora y la fauna
5. Vivienda y servicios comunitarios	Planificación regional; Plan intermunicipal (compartido)		Plan de zonificación municipal; Urbanismo y construcción; Viviendas sociales (compartidas)
6. Salud			Salud pública básica; Servicios de higiene; Infraestructura sanitaria (compartida)
7. Cultura y ocio	Desarrollo social y cultural		Cultura, ocio, deportes (compartidos)
8. Educación			Educación primaria (compartida)
9. Protección social

Alcancede los datos financieros: Municipios. Los datos de finanzas subnacionales de 2019 disponibles para Chile no incluyen aún a las regiones, ya que aún no disponen de presupuesto autónomo.

SCN 2008

Disponibilidad de datos financieros: Media

Calidad/fiabilidad de los datos financieros: Media

INTRODUCCIÓN GENERAL: Los datos oficiales de gastos e ingresos de los gobiernos subnacionales chilenos sólo reflejan los datos municipales, ya que las regiones aún no tienen una existencia financiera diferenciada de la del nivel central.

A nivel municipal, el Decreto Ley Nº 3063 de 1979 y su disposición complementaria regulan los ingresos municipales. La SUBDERE es responsable de la administración del régimen de nivelación horizontal, elFondo Común Municipal (FCM ). Los municipios están limitados en términos de recursos de personal y de gestión de los servicios públicos. El diseño y la aplicación de las políticas siguen siendo definidos en gran medida por el centro en un proceso descendente.

La administración de los fondos de los gobiernos regionales está regulada por el Decreto Ley nº 1263 de 1975 y sus disposiciones complementarias. Actualmente, la Ley Presupuestaria Anual contempla dos programas presupuestarios distintos para cada gobierno regional: uno para gastos operativos y otro para inversiones regionales. Además, los gobiernos regionales pueden acceder alFondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), administrado por la SUBDERE, para financiar inversiones regionales, así como alFondo de Innovación para la Competitivodad (FIC). Si bien los gobiernos regionales aún no cuentan con un presupuesto propio, la actual administración desarrollará una nueva ley de rentas regionales en 2022, como parte de la reforma tributaria, que será discutida en el Congreso para su futura aprobación.

Gasto de los gobiernos subnacionales según la clasificación económica
	Dólares PPA / habitante	% PIB	% gobierno general	% gobierno subnacional
Gasto total	979	3.9%	13.4%	100%
Incl. gastos corrientes	922	3.7%	14.3%	94.2%
Gastos de personal	554	2.2%	29.4%	56.6%
Consumo intermedio	224	1%	29.1%	23%
Gastos sociales	8	0%	0.3%	0.9%
Subvenciones y transferencias corrientes	134	0.5%	17%	13.7%
Gastos financieros	0	0%	0.1%	0%
Otros	0	0%	0%	0%
Incl. gastos de capital	57	0.2%	6.5%	5.8%
Transferencias de capital	2	0%	0.6%	0.2%
Inversión directa (o FBCF)	55	0.2%	10.9%	5.6%

GASTOS: Chile se encuentra entre los países de la OCDE en los que el peso del gasto de los gobiernos subnacionales en el PIB y el gasto público es más bajo (junto a Costa Rica, Irlanda, Turquía y Grecia). El gasto de los gobiernos locales chilenos representó el 3,9% del PIB y el 13,4% del gasto público total en 2020, en relación a la media de la OCDE del 17,1% y el 36,6% respectivamente. Más de la mitad del gasto se dedica a gastos de personal, principalmente en los sectores de la educación y la sanidad.

INVERSIÓN DIRECTA: Como en el caso de los gastos de las administraciones subnacionales, los gastos de capital también reflejan únicamente las inversiones realizadas por los municipios. La proporción de los gastos de capital descendió del 45% en 1990 al 6,5% en 2020: los gastos de capital como proporción de los gastos de los gobiernos subnacionales (5,8%) se situaban muy por detrás de la media de la OCDE (13,5%) en 2020. Es importante subrayar que una parte importante de la inversión pública a nivel municipal es financiada directamente por los ministerios competentes y ejecutada por las SEREMI en nombre de los municipios. La inversión directa es muy limitada como porcentaje del gasto público subnacional, del PIB y de la inversión pública total. Chile ocupa el último lugar de la OCDE en cuanto a participación de los gobiernos subnacionales en la inversión pública. La inversión pública local representó el 0,2% del PIB y el 10,9% de la inversión pública, frente al 1,4% y el 43,2%, respectivamente, de media en los países de la OCDE si se consideran sólo los gobiernos locales. Este bajo nivel de inversión pública local, a pesar de las enormes necesidades locales, refleja el grado de centralización de la acción pública y las dificultades de los municipios para generar autofinanciación para las inversiones. Los gobiernos locales pueden acceder a los mecanismos de financiación de las Asociaciones Público-Privadas y a los fondos de cooperación internacional para el desarrollo urbano.

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Los presupuestos municipales se estructuran en tres sectores principales: servicios municipales, educación y sanidad. El sector municipal (que engloba la gestión interna, las actividades municipales, los servicios comunitarios, los programas sociales, los programas recreativos y los programas culturales), acapara la mayor parte del presupuesto, seguido de la educación y la sanidad. Los gastos relacionados con la educación y los servicios públicos básicos se dedican en su mayor parte a gastos de personal, ya que los municipios pagan a los profesores en nombre del gobierno central. En los sectores de la sanidad y la educación, las subvenciones del gobierno central suelen ser insuficientes para cubrir las necesidades de muchos municipios rurales, que por lo tanto tienen que complementarlas con sus propios recursos locales.

Ingresos de los gobiernos subnacionales por categoría
	Dólares PPA / habitante	% PIB	% gobierno general	% gobierno subnacional
Ingresos totales	1024	4.1%	18.6%	100%
Ingresos fiscales	420	1.7%	9.3%	41%
Donaciones y subvenciones	575	2.3%	-	56.1%
Tarifas y tasas	27	0.1%	-	2.6%
Ingresos provenientes de los activos	3	0%	-	0.3%
Otros ingresos	0	0%	-	0%

DESCRIPCIÓN GENERAL: Los municipios chilenos reciben ingresos procedentes de subvenciones del gobierno central, ingresos por impuestos propios y, en menor medida, aranceles y tasas. Las donaciones y subvencionesrepresentan una parte significativa (56,1%) y creciente de los ingresos subnacionales, ligeramente por encima de la media de la OCDE si sólo se consideran los gobiernos locales (53,3%) en 2020. Esto refleja el alto nivel de dependencia de los municipios respecto al gobierno central. La mayoría de esas subvenciones son transferencias destinadas a financiar políticas sectoriales específicas. Los ingresos fiscales locales son la segunda fuente de ingresos municipales, y suponen el 41% de los ingresos de los gobiernos subnacionales, aunque representan una parte muy pequeña del PIB, muy por debajo de la media de la OCDE cuando se consideran sólo los gobiernos locales (1,7% frente al 4,5% en 2020). En general, los ingresos municipales proceden de varias fuentes: el impuesto sobre bienes inmuebles, que recauda el gobierno central y distribuye a los municipios; las patentes comerciales; y los impuestos sobre vehículos (licencias de circulación y transferencias). Los gobiernos municipales tienen una autonomía limitada para fijar los tipos impositivos locales, excepto en el caso de las patentes comerciales. También tienen limitaciones normativas para cobrar tasas por la prestación de servicios públicos, que generalmente se conceden al gobierno central.

A nivel regional, los recursos fiscales son transferidos a los gobiernos regionales a través de la Ley de Presupuesto de cada año en sus programas de inversión, y se constituyen a partir de diversas fuentes; entre las que destacan las del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), transferencias para gastos de capital de diversas fuentes como patentes mineras, acuícolas o geotérmicas, el Fondo de Apoyo Regional (FAR) para transporte, infraestructura educativa, entre otros. Sin embargo, ninguno de ellos se refleja en los datos oficiales de las finanzas públicas, ya que las regiones aún no tienen una existencia financiera separada del nivel central.

INGRESOS FISCALES: Aunque los ingresos fiscales representan una parte importante de los ingresos de los gobiernos subnacionales en Chile, son significativamente inferiores a la media de la OCDE tanto en términos de participación en el PIB como de ingresos fiscales de las administraciones públicas (respectivamente 1,7% y 9,3% en relación a 7,2% y 32,3% en 2020). Sólo los municipios pueden percibir ingresos fiscales, pero esta situación podría cambiar con la nueva ley de financiación regional basada en ingresos propios que se diseñará en 2022. El impuesto más importante es el impuesto sobre bienes inmuebles, seguido de las licencias comerciales que se pagan por las actividades comerciales realizadas en el término municipal y el impuesto sobre vehículos de motor. Los municipios recaudan el impuesto sobre actividades económicas y sobre vehículos, pero el gobierno central recauda el impuesto sobre bienes inmuebles. El impuesto sobre actividades económicas es el único para el que los municipios pueden variar el tipo dentro de una horquilla determinada (del 2,5% al 5%).

El impuesto sobre bienes inmuebles, denominado "impuesto territorial", se aplica a un tipo fijo del valor fiscal de los terrenos y edificios rurales y urbanos. El 40% de este impuesto territorial son ingresos directos municipales, mientras que el 60% del impuesto territorial se destina alFondo Común Municipal (FCM); estos recursos se redistribuyen después a través del FCM, en nombre de los principios redistributivos. Así pues, el "impuesto territorial" se parece más a un impuesto nacional - asignado a los municipios en función de un mecanismo de reparto que utiliza la distribución territorial del valor neto (tras exenciones) de la riqueza inmobiliaria - que a un auténtico impuesto local de fuente propia. Los municipios no pueden fijar el tipo y el impuesto territorial incluye una larga y extremadamente precisa lista de exenciones totales o parciales que proporciona el gobierno central y que erosionan sustancialmente su eficacia. En 2022, el 77% de todas las propiedades se beneficiaron de una exención. En 2020, representaba el 0,8% del PIB, frente al 1% de media en la OCDE.

DONACIONES Y SUBVENCIONES: En 1979, Chile puso en marcha un gran plan de nivelación horizontal, elFondo Común Municipal (FCM). La misión del FCM es inequívoca: disminuir las desigualdades intermunicipales y proporcionar recursos adicionales a los municipios con menores ingresos fiscales para que puedan cumplir con sus competencias básicas. Los recursos del FCM proceden de las contribuciones automáticas de los municipios a través de la transferencia de una parte de sus ingresos fiscales (es decir, el impuesto territorial, las licencias comerciales municipales, el impuesto de matriculación de vehículos y el impuesto sobre la transferencia de vehículos e ingresos por multas). La gran mayoría del FCM procede del impuesto territorial (57% en 2018), seguido de los permisos de circulación de vehículos (23%) y las patentes municipales (12%). En 2018, diez municipios aportaron casi la mitad del FCM y los 314 restantes contribuyeron con menos del 1% cada uno. Los fondos se distribuyen entre los beneficiarios según una fórmula basada en criterios como la población, las exenciones de propiedad, la pobreza y los ingresos locales. Este mecanismo se ha convertido en una parte crucial de cómo se financian los presupuestos municipales y redistribuye los ingresos entre los municipios a gran escala; los ingresos del FCM representaron el 34% de los ingresos municipales totales en 2018. El FCM ha sido reformado en varias ocasiones, pero sigue siendo objeto de críticas, debido a su falta de transparencia, su complejidad y sus efectos contraproducentes y desincentivadores (fomentando fundamentalmente la "pereza fiscal" y aumentando la dependencia). En respuesta a las protestas de octubre de 2019, el gobierno ha presentado una serie de reformas para aportar respuestas concretas y eficaces entre las que se encuentra el refuerzo del Fondo Común Municipal para establecer mayores contribuciones de las regiones con mayores ingresos.

Las transferencias a los municipios también incluyen transferencias verticales del gobierno central, compuestas en su mayoría por transferencias destinadas a gastos sanitarios (funciones delegadas), y el acceso a fondos específicos para programas sociales y de inversión. En 2018, tras la aprobación de la Ley 21.040, que creó un nuevo Sistema de Educación Pública, las transferencias en materia de educación disminuyeron.

OTROS INGRESOS: Debido a las limitaciones normativas, los municipios chilenos rara vez cobran, directa o indirectamente, por los servicios públicos. Cuando lo hacen, las contribuciones de los usuarios suelen ser modestas. Las tarifas y tasas municipales representan el 2,6% de los ingresos subnacionales, muy por debajo de la media del 13% de la OCDE. Muy pocos municipios reciben ingresos procedentes de concesiones, ya que con frecuencia los titulares de las mismas operan en su territorio pero tienen un contrato con el gobierno central (por ejemplo, puertos, carreteras, minería, etc.). Del mismo modo, los ingresos derivados de las rentas de la propiedad son limitados. Los diez primeros municipios acaparan más de la mitad de los ingresos generados por sus propiedades.

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NORMAS PRESUPUESTARIAS: La Ley Orgánica Constitucional (LOCMUN) para los municipios establece que los concejos municipales no deben aprobar presupuestos desequilibrados. Sin embargo, la norma no hace referencia explícita a la necesidad de contar con un presupuesto equilibrado al final del ejercicio presupuestario (según el principio de devengo). Las recomendaciones de la OCDE al gobierno chileno en este sentido incluyen la necesidad de mejorar la actual norma de equilibrio presupuestario, incluyendo cláusulas de escape claras en caso de circunstancias excepcionales, así como un sistema de alerta para controlar los saldos pendientes de pago y detectar los municipios con alto riesgo de incumplimiento.

DEUDA: El endeudamiento de los gobiernos subnacionales está prohibido en Chile tanto para la financiación corriente como para la de capital. La Constitución y la LOCMUN prohíben a los municipios contraer empréstitos. Chile es el único país de la OCDE en el que esto es así. Sin embargo, en la práctica, a unos pocos municipios se les permite generar deuda dentro de unos límites, y otros deben solicitar al Congreso la capacidad para hacerlo. Además, los gobiernos subnacionales mantienen una deuda no financiera a través de su deuda con los proveedores (deuda comercial), los atrasos y los contratos de arrendamiento, o las deudas de pensiones temporales. El seguimiento de la morosidad municipal en Chile ha mejorado; sin embargo, según la SUBDERE, esta deuda flotante representa alrededor del 1% de los ingresos municipales y se concentra en 80 municipios.

GESTIÓN TERRITORIAL DE LA CRISIS: En la fase inicial de la pandemia de COVID-19 en Chile, el gobierno central desarrolló un plan de preparación y respuesta. Las medidas preventivas se centraron en reforzar la red de vigilancia epidemiológica y desarrollar la capacidad de diagnóstico. El estatus de alerta sanitaria, puesto en marcha en febrero de 2020, otorgó competencias extraordinarias a la principal institución sanitaria del país, incluidos los 16 servicios regionales del Ministerio de Salud (Seremis Salud) y los 29 servicios de salud (Servicios de Salud) en tres líneas de acción principales: (1) refuerzo de la red de salud pública; (2) vigilancia de los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda; y (3) investigación epidemiológica.

El gobierno también estableció el Comité Socialpara COVID-19 (Mesa social por COVID-19) formado por representantes de asociaciones municipales (alcaldes), autoridades gubernamentales, académicos y profesionales del sector sanitario. El Comité se reunía dos veces por semana para ayudar a fortalecer el Plan de Acción para COVID-19. Este comité se reprodujo a nivel regional. Uno de los resultados clave del comité nacional fue la creación de la Base de Datos COVID-19 basada en la información del Ministerio de Sanidad. Los datos a nivel nacional, regional y local sobre muertes y contagios diarios, pacientes críticos, recuperaciones, entre otros, se pusieron a disposición del público.

A nivel local, los alcaldes de varios municipios, reaccionaron rápidamente a través de organizaciones como la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH). Los alcaldes se organizaron para dirigir estrategias de respuesta inmediata a las necesidades de las poblaciones de sus territorios. Incluso sin tener las competencias necesarias para desplegar estrategias sanitarias o hacer un uso discrecional de los presupuestos de emergencia, las respuestas rápidas y eficaces de los municipios revelaron la importancia de las administraciones subnacionales en la gestión de una parte de las responsabilidades de la administración pública. En este contexto, grupos de alcaldes alertaron repetidamente sobre las desigualdades territoriales que la crisis del COVID-19 estaba poniendo de manifiesto en todo el territorio nacional y, a raíz de este debate, se publicaron numerosos artículos en la prensa reclamando una mayor autonomía para los municipios. Esto se ha convertido en un tema candente en el contexto del proceso constituyente que vive Chile.

MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA HACER FRENTE A LA CRISIS EN LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO: El gobierno dispuso la transferencia de más de 220 millones de USD delFondo Solidario a 342 de los 345 municipios del país con el fin de hacer en relación a la crisis del COVID y contrarrestar la disminución de los ingresos de los gobiernos subnacionales. Se anunció un primer desembolso de 100 millones de dólares en mayo de 2020 y un segundo de 120 millones en julio de 2020.Las cantidades transferidas se establecieron teniendo en cuenta la población de cada municipio y su nivel de vulnerabilidad. Mientras que antes los fondos se destinaban a gastos extraordinarios relacionados con la pandemia, como la compra de medicamentos, el segundo desembolso era flexible y permitía a los municipios utilizar los fondos para cubrir sus gastos de funcionamiento en general, que se gastarían hasta 2022. La Ley de Presupuestos para 2021 también preveía un anticipo de liquidez para los municipios que hayan visto mermados sus ingresos propios durante la pandemia, y unas condiciones de reembolso más flexibles (aplazadas hasta 2022). En noviembre de 2020, los alcaldes de las tres asociaciones nacionales de municipios firmaron un Protocolo de Acuerdo con el Gobierno, para formalizar el apoyo financiero relacionado con la crisis COVID-19.

EFECTOS DE LA CRISIS EN LAS FINANZAS DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES: Para gestionar el COVID-19, el gobierno puso en marcha "cierres dinámicos" por perímetros municipales que prohibían total o parcialmente la actividad comercial e industrial y la libertad de movimiento. Estos cierres dinámicos se definían semanalmente en función de la situación sanitaria de los distintos municipios. Al restringir la actividad económica, muchos negocios tuvieron que cerrar, lo que afectó negativamente a la recaudación de licencias comerciales, una de las principales fuentes de ingresos municipales. Al mismo tiempo, las consecuencias sociales de la crisis sanitaria presionaron sobre los ingresos municipales, generando una mayor demanda de ayuda social de emergencia. Existen algunas pruebas que demuestran que las medidas de cuarentena decididas a nivel central tuvieron un impacto heterogéneo en los territorios a corto y medio plazo. Los dos principales impactos a nivel local fueron: (i) la cuarentena tuvo un mayor impacto económico en los municipios metropolitanos y altamente desarrollados; y (ii) los municipios con una mayor proporción de población por debajo del umbral de pobreza experimentaron un mayor crecimiento económico negativo.

PLANES DE ESTIMULO ECONÓMICO Y SOCIAL: El gobierno central implementó el plan de reactivación "Paso a Paso, Chile se Recupera", que además de incentivos al empleo y apoyo a la inversión, tiene un importante foco en las PYMES. El capítulo de Inversión Pública del plan "Paso a Paso" consideró un monto adicional de 4 500 millones de dólares sobre el presupuesto regular de los Ministerios para inversión pública entre 2020 y 2022. Entre otras cosas, la cartera de proyectos financiados prioriza el apoyo directo a los municipios y la mejora de la movilidad y la integración de las ciudades. Los recursos para el desarrollo de iniciativas de inversión local ascendieron a 125 millones de dólares. Estos recursos se canalizaron a través del Programa de Mejoramiento de Barrios, enfocado a proveer condiciones sanitarias mínimas (alcantarillado, agua potable y electrificación); y a través del Programa de Mejoramiento Urbano, enfocado a infraestructura menor como plazas, parques, canchas y ciclovías.