EL SALVADOR

El Salvador es un país unitario con un régimen presidencial. El poder legislativo reside en la asamblea legislativa (un congreso unicameral) mientras que el poder judicial está confiado a la Corte Suprema de Justicia. Según las normas electorales de la Constitución nacional de 1983, el presidente y el vicepresidente de la República son elegidos cada cinco años, mientras que las elecciones legislativas y a los consejos locales se celebran cada tres años. Los presidentes del Tribunal Supremo de Justicia son elegidos por la asamblea legislativa por un periodo de nueve años.

El sector público en El Salvador está compuesto por el sector público financiero (SPF) y el sector público no financiero (SPNF). El SPNF se subdivide en el gobierno general (GG) y las empresas públicas no financieras (EPNF). Dentro del GG, se distingue entre las entidades descentralizadas (Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Centro Nacional de Registros, Universidad de El Salvador, Instituto Salvadoreño de Turismo, entre otros) y los gobiernos locales (GL).

De acuerdo con el Art. 203 de la Constitución, los GL son autónomos en materia económica, técnica y administrativa, y ejercen su autoridad a través de los consejos municipales. Los GL se rigen por las disposiciones del Código Municipal (Decreto Legislativo 274 de 1986), que establece los principales principios constitucionales en materia de organización, función y ejercicio de las facultades autónomas de los GL. Otras normas que regulan los gobiernos locales son: la Ley General de Tributación Municipal de 1991, la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público - Ley AFI de 1995, la Ley Reguladora de la Deuda Pública Municipal de 2005 y la Ley Constitutiva del Fondo de Desarrollo Económico y Social - FODES (D.L. 74 de 1988, sustituido por el D.L. 204 de noviembre de 2021), entre otras.

La Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), organismo creado por decreto ejecutivo en 1941, sirve para coordinar la relación de los concejos municipales con el gobierno nacional y desempeña un papel clave en el desarrollo local. La COMURES representa a los consejos municipales en el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, organismo que también está integrado por el Ministerio de Gobernación y la Secretaría Técnica y de Desarrollo de la presidencia, y cuyo objetivo es promover la participación de los actores territoriales en el desarrollo local. También participa en la gestión de esta relación el Departamento de Obras Públicas Municipales (DOM), un organismo creado en noviembre de 2021 para sustituir al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM o Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal). La función principal del DOM es ejecutar proyectos de inversión en infraestructuras en los 262 municipios del país.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
NIVEL MUNICIPAL	NIVEL INTERMEDIO	NIVEL REGIONAL	NÚMERO TOTAL DE SNG (2021)
262 municipios (municipalidades)
Tamaño promedio municipal 24 756 habitantes
262			262

DESCRIPCIÓN GENERAL: El Salvador está dividido en 14 departamentos y contaba con 262 municipios en 2021. Cada departamento está representado por un gobernador nombrado por el presidente de la República. Este nivel de gobierno desconcentrado no ejerce el poder político. El marco legal impide la creación de nuevos municipios por debajo de una población mínima de 20.000 habitantes. Sin embargo, las tendencias actuales indican que la población está emigrando hacia los grandes centros urbanos, lo que significa que un número considerable de municipios está perdiendo habitantes.

NIVEL MUNICIPAL: Cada municipio está gobernado por el consejo municipal, formado por un alcalde, unsíndico y dos o más concejales, dependiendo de la población del municipio. Las elecciones municipales se celebran cada tres años; las últimas tuvieron lugar en febrero de 2021. El territorio municipal se subdivide encantones (cantones) y de nuevo en aldeas (caseríos). Los datos de 2020 registran que los municipios con mayor población son: San Salvador (338 268 habitantes), Soyapango (259 147), Santa Ana (253 515) y San Miguel (218 137). La media de habitantes por municipio es de 24 756 personas.

COOPERACIÓNHORIZONTAL: COMURES es un organismo que representa a los alcaldes del país y es el principal encargado de promover la cooperación entre los municipios. Sus objetivos son, entre otros: contribuir a la defensa y al refuerzo de la autonomía municipal, formar una sociedad participativa, promover y consolidar el proceso de reforma relacionado con la descentralización. Los municipios también están facultados para organizarse en asociaciones, existiendo 28 asociaciones distintas en 2020. El objetivo de estas iniciativas es adoptar un enfoque supramunicipal de la gestión del desarrollo que permita a los municipios complementarse y ampliar su capacidad de gobierno local, por ejemplo en la gestión de los residuos sólidos o en la realización de mejoras en carreteras y pistas.

Las competencias del gobierno local están definidas en el Código Municipal (Art. 2 y 4), que establece, en términos generales, que el municipio se encarga de fomentar y gestionar el bien común local, en coordinación con las políticas y medidas nacionales. En la práctica, el gobierno nacional se ocupa de la prestación de los servicios públicos básicos: educación, salud, seguridad ciudadana, servicios sociales, etc., mientras que los gobiernos locales se encargan del mantenimiento de las carreteras secundarias en las zonas urbanas y rurales, del alumbrado y saneamiento ambiental del municipio, del apoyo a la educación y la salud, así como de la realización de proyectos de inversión en infraestructuras para el desarrollo local. Esta última competencia ha sido retirada a los municipios y centralizada con la creación del Departamento de Obras Públicas Municipales (DOM) a partir de noviembre de 2021. El agua potable es suministrada por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), pero dada la limitada cobertura de este servicio, algunos GL se encargan ellos mismos de este suministro.

Principales ámbitos y subámbitos de responsabilidad
ÁMBITOS Y SUBÁMBITOS	Nivel municipal
1. Servicios públicos generales (administración)	Servicios administrativos (bodas, nacimientos, etc.); Edificios e instalaciones públicas (parques, calles, plazas, etc.); Medidas administrativas y operativas relacionadas con los servicios generales; Gestión de cementerios y servicios funerarios
2. Orden público y seguridad	Policía municipal; Protección civil y servicios de emergencia
3. Asuntos económicos/transporte	Instalación de redes viarias locales; Aparcamientos; Políticas de empleo, Apoyo a las empresas localesAgricultura, desarrollo rural; Turismo; Comercio
4. Protección del medio ambiente	Parques y espacios verdes; Conservación de la naturaleza; Medidas contra la contaminación atmosférica; Gestión de residuos (recogida, eliminación); Limpieza viaria
5. Vivienda y servicios comunitarios	Suministro de agua potable (algunos municipios); Alumbrado público; Gestión y subvención de viviendas sociales; Ordenación territorial y urbanística; Planificación urbana
6. Salud	Servicios farmacéuticos y médicos; Servicios médicos y paramédicos generales; Atención sanitaria preventiva; Servicios de saneamiento público
7. Cultura y ocio	Deporte y ocio; Bibliotecas; Actividades culturales; Patrimonio cultural
8. Educación	Formación profesional; Promoción de la educación, la ciencia y las artes
9. Protección social	Servicios sociales para niños y jóvenes; Servicios sociales para familias; Personas mayores; Personas con discapacidad; Exclusión social; Centros comunitarios; Prestaciones o préstamos para vivienda

Alcance de los datos financieros: municipios

Bases de datos abiertas de la gestión financiera de los gobiernos locales, informes de gestión e informes de deuda municipal.

Disponibilidad de datos financieros: Media

Calidad/fiabilidad de los datos financieros: Media

INTRODUCCIÓN GENERAL: Los gobiernos locales gozan de autonomía financiera, derivada de su autoridad para establecer tasas y tarifas por la prestación de servicios (Código Municipal y Ley General de Impuestos Municipales). La excepción es la imposición y exención de impuestos municipales, que, de acuerdo con la constitución, están bajo la autoridad exclusiva de la asamblea legislativa, pero a iniciativa de cada consejo municipal. El presupuesto anual es aprobado por el consejo, mientras que la gestión financiera cumple con las normas de contabilidad gubernamental generalmente aceptadas utilizando elSistema de Administración Financiera Integrada Municipal (SAFIM). Las compras públicas deben cumplir las disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP o Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública). Las municipalidades presentan estados financieros mensuales a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DGCG) del Ministerio de Hacienda, organismo encargado de integrar y publicar las cuentas en el portal de transparencia fiscal de El Salvador. Por su parte, la Corte de Cuentas de la República (CdC o Corte de Cuentas de la República) controla las finanzas y los gastos públicos.

Gasto de los gobiernos subnacionales según la clasificación económica
2020	Dólares PPA / habitante	% PIB	% gobierno general	% gobierno subnacional
Gasto total	294	3.5%	11.7%	100.0%
Incl. gastos corrientes	208	2.5%	9.0%	70.8%
Gastos de personal	79	0.9%	7.9%	26.8%
Consumo intermedio	42	0.5%	10.1%	14.3%
Gastos sociales	-	-	-	-
Subvenciones y transferencias corrientes	3	0.03%	0.5%	0.9%
Gastos financieros	20	0.2%	5.6%	6.8%
Otros	65	0.8%	0.0%	22.0%
Incl. gastos de capital	86	1.0%	40.8%	29.2%
Transferencias de capital	-	-	-	-
Inversión directa (o FBCF)	86	1.0%	46.0%	29.2%

GASTOS: Los fondos del gobierno local se destinan principalmente a financiar los gastos de funcionamiento del municipio (alrededor del 70%), siendo los salarios el sector donde se concentra la mayor parte del desembolso, aunque no de manera desproporcionada (26,8%), seguido de otros gastos de funcionamiento que incluyen: depreciación de activos, ajustes y costos de periodos anteriores y en tercer lugar, el rubro de bienes y servicios, que se refiere a los insumos requeridos para la prestación de servicios; pago por los servicios de electricidad, telecomunicaciones, agua; artículos de oficina; alquiler de bienes muebles e inmuebles, etc. El nivel de gasto municipal en 2020, en términos de PIB (3,5%), disminuyó un 12,3% respecto a 2019 como consecuencia de la contracción económica del 7,9% sufrida por el país a raíz de la pandemia del COVID-19. Esto incluyó la restricción de la mayoría de las actividades económicas y el aplazamiento de la transferencia del FODES por parte del gobierno central. A pesar de representar el 11,7% del gasto total del gobierno general (GG), el gasto de los gobiernos locales (GL) es bajo en comparación con otros países de América Central. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el gasto de los GL en Nicaragua y Guatemala representó el 16,8% y el 14,6% respectivamente del gasto público en 2018 (año en el que el gasto de los GL en El Salvador representó el 9,6% del gasto total del gobierno general). En El Salvador, el nivel de gasto local está vinculado al bajo nivel de descentralización fiscal del país.

INVERSIÓN DIRECTA: En 2020, la inversión de los municipios ascendió al 1,0% del PIB y estuvo compuesta en su mayor parte por proyectos de infraestructuras viarias (38,0%), proyectos sociales (21,4%) y programas sanitarios (8,9%). A nivel nacional, la inversión local representó el 41% de la inversión pública, lo que se explica por el hecho de que, por ley, el 75% de la financiación del FODES se destina a proyectos de inversión. En comparación, la inversión directa consolidada de los GG ascendió al 2,2% del PIB en 2020.

Gasto público subnacional por clasificación funcional
2020 (GG no consolidada)	Dólares PPA / habitante	% PIB	% gobierno general	% gobierno subnacional
Gasto total por función económica	294	3.5%	-	100.0%
1. Servicios públicos generales	196	2.3%	27.9%	66.8%
2. Defensa	-	-	-	-
3. Orden público y seguridad	-	-	-	-
4. Asuntos económicos/transporte	45	0.5%	9.9%	15.4%
5. Protección del medio ambiente	10	0.1%	69.9%	3.4%
6. Vivienda y servicios comunitarios	4	0.04%	67.7%	1.2%
7. Salud	8	0.1%	1.6%	2.6%
8. Ocio, cultura y religión	3	0.04%	30.1%	1.1%
9. Educación	3	0.03%	0.8%	0.9%
10. Protección social	26	0.3%	5.5%	8.7%

En 2020, dos tercios de los ingresos de los municipios salvadoreños se destinan a financiar sus gastos administrativos (salarios, bienes y servicios, intereses de la deuda); el 15,4% se utiliza para promover el desarrollo económico; mientras que sólo el 13,4% representa los gastos sociales (educación, sanidad, vivienda y protección social). Este patrón de distribución refleja básicamente el estado actual del proceso de descentralización, por el que la educación, la sanidad, los programas sociales y la protección medioambiental son administrados directamente por el gobierno central.

Ingresos de los gobiernos subnacionales por categoría
2020	Dólares PPA / habitante	% PIB	% gobierno general	% gobierno subnacional
Ingresos totales	365	4.3%	18.6%	100.0%
Ingresos fiscales	30	0.4%	2.0%	8.3%
Donaciones y subvenciones	202	2.4%	-	55.4%
Tarifas y tasas	69	0.8%	-	19.0%
Ingresos provenientes de los activos	-	-	-	-
Otros ingresos	63	0.8%	-	17.3%

DESCRIPCIÓN GENERAL: El Art. 63 del Código Municipal detalla las fuentes de ingresos de los municipios: impuestos, tasas y contribuciones municipales; sanciones financieras; intereses de créditos; administración de servicios públicos; alquileres en todas sus formas; dividendos o utilidades; subvenciones, ayudas y legados; contribuciones del Estado central, empréstitos y otras operaciones de crédito; ventas de bienes muebles e inmuebles; otros ingresos. En la práctica, la transferencia FODES constituye la principal fuente de ingresos, constituyendo, en términos agregados, el 55,4% de los ingresos de los municipios. Su función es servir de contribución del Estado central a los municipios, en el marco de la descentralización fiscal, con el fin de garantizar la financiación de proyectos de infraestructuras para el desarrollo local. Las tasas y tarifas por servicios ocupan el segundo lugar después de las subvenciones del gobierno central, constituyendo el 19% de los ingresos totales de los municipios; mientras que otros ingresos (rendimiento de las inversiones, dividendos, alquiler de inmuebles, subvenciones y otros), representan el 17,3% de los ingresos locales. Los ingresos fiscales sólo representan el 8,3%, lo que subraya el bajo nivel de descentralización en términos de recaudación de ingresos.

La composición de los ingresos varía según los municipios. En 2020, por ejemplo, según la base de datos abierta de las finanzas de los municipios, en los grandes centros de población como San Salvador, el 92% de los ingresos son ingresos propios. En Santa Tecla, esa cifra es del 89,7%; en Soyapango, del 88,4%; y en Santiago de María, del 85,7%. En otros 20 municipios los ingresos internos superan el 60% del total. En el otro extremo, en 71 municipios los ingresos de origen propio representan menos del 10% de los ingresos totales y en 52 municipios los ingresos de origen propio suponen entre el 10% y el 20% del total. En los dos últimos casos, los municipios dependen casi totalmente de la transferencia del FODES.

INGRESOS FISCALES: La base jurídica de los impuestos municipales es la Ley General de Impuestos Municipales, una disposición que permite a cada municipio solicitar a la asamblea legislativa la aprobación de su ley fiscal específica. Los ingresos fiscales no son muy relevantes para los gobiernos locales (8,3% de los ingresos totales de los municipios y 0,4% del PIB), lo que se explica por el reducido número de impuestos gestionados a este nivel de gobierno y refleja un bajo grado de descentralización fiscal. Los impuestos municipales gravan principalmente las actividades económicas, sobre todo las operaciones comerciales, que representan el 48,5% de la recaudación, seguidas de la industria (17,2%), los servicios en general (13,4%) y los servicios financieros (9,0%). El 11,6% restante procede de los impuestos sobre las vallas publicitarias, el juego y el uso de las carreteras. En la gran mayoría de los casos, la base imponible es el valor de los bienes, por lo que pueden clasificarse como impuestos sobre los activos o la propiedad.

En los últimos 10 años, los ingresos fiscales han representado la misma proporción de los ingresos totales de los municipios, sin cambios significativos. Sin embargo, en los últimos 15 años, un número considerable de municipios ha solicitado a la Asamblea Legislativa que actualice sus respectivas leyes fiscales, dado que muchas de ellas datan de hace más de 50 años. Tras la adopción del dólar estadounidense como moneda de curso legal en enero de 2001, muchas municipalidades han aprovechado las nuevas leyes fiscales para modificar la moneda de denominación (del colón al dólar) y actualizar las tarifas en función de los niveles de precios actuales.

DONACIONES Y SUBVENCIONES: Las subvenciones son la principal fuente de ingresos de la mayoría de los municipios del país (constituyen, de media, el 55,4% de los ingresos totales). La principal subvención adopta la forma de la transferencia del FODES, que se rige por una ley que establece que el 75% de estos fondos debe utilizarse para financiar proyectos de infraestructura, mientras que el 25% restante puede emplearse en gastos de funcionamiento. De acuerdo con esta ley, la cantidad que recibe cada municipio se determina en función de una fórmula compuesta por cuatro criterios: población (50% de la transferencia), nivel de pobreza (25%), equidad (20%) y extensión territorial (5%).

La transferencia está en vigor desde 1988 y ha evolucionado del 1% de los ingresos corrientes de la CG hasta 1996, al 6% de 1997 a 2004, al 7% de 2005 a 2010, al 8% de 2011 a 2019 y al 10% de 2020 a octubre de 2021. A partir de noviembre de 2021, se redujo al 6% de los ingresos corrientes de la CG, con la particularidad de que sólo el 25% se transfiere efectivamente a los municipios -para gastos de funcionamiento-, mientras que el 75% es gestionado por el Departamento de Obras Públicas Municipales, organismo de la CG que centraliza la ejecución de las inversiones públicas en los municipios.

OTROS INGRESOS: Aparte de los ingresos fiscales y las subvenciones, el 19,0% de los ingresos de los municipios proceden de tasas y tarifas aplicadas a los servicios prestados por los municipios. Entre ellos destacan las tasas por servicios de recogida y eliminación de residuos; alumbrado público; derechos derivados de la erección de mástiles, torres y antenas; permisos y licencias, tarifas de mercado, etc. Al igual que ocurre con la fiscalidad, las tasas y tarifas han sufrido modificaciones en los últimos 10 años, tanto con el cambio de la moneda de denominación como para actualizarlas y expresarlas en consonancia con los niveles de precios actuales.

Los municipios también recaudan ingresos correspondientes a ejercicios anteriores (básicamente cobrando por servicios que no se contabilizaron en su momento, y que suponen el 14,9% de los ingresos totales), y obtienen ingresos por multas, rendimientos y dividendos de inversiones, contribuciones especiales, etc. Esta combinación de conceptos proporciona a los municipios el 17,3% de sus ingresos totales.

Más allá de lo que se obtiene por el rendimiento de las inversiones y de algunos arrendamientos por el uso de actividades municipales para eventos privados: salones de actos, complejos deportivos, etc. (que representan el 0,15% de los ingresos), los ayuntamientos ya no obtienen rentas de las propiedades municipales a pesar de disponer de autonomía para gestionar el inmovilizado del municipio.

Normas presupuestarias y deuda de los gobiernos subnacionales
2020	Dólares PPA / inh.	% PIB	% deuda pública general	% Deuda SNG	% Deuda financiera SNG
Deuda pendiente total	273	3.2%	3.8%	100.0%	-
Deuda financiera	214	2.5%	3.0%	78.3%	100.0%

REGLAS FISCALES: Los municipios están sujetos a las normas de la ley AFI, concretamente en lo que se refiere al equilibrio presupuestario, la asignación de los recursos procedentes de la deuda exclusivamente a la inversión y el registro de las operaciones de acuerdo con las normas de contabilidad pública y utilizando el SAFIM. La ley FODES también establece la distribución de los fondos procedentes de la transferencia.

Los municipios pueden contraer deuda. La deuda interna es aprobada por el consejo municipal, mientras que la deuda externa debe ser aprobada y ratificada por la asamblea legislativa con dos tercios de los votos, convirtiéndose así en una deuda garantizada por el gobierno central.

La Ley de Endeudamiento Municipal (L.D. 930, de 21 de diciembre de 2005) contiene una serie de normas relativas al endeudamiento municipal. En primer lugar, establece un límite a la deuda (que no puede superar 1,7 veces los ingresos operativos del municipio - ingresos de origen propio más transferencia del FODES). Al mismo tiempo, los municipios han sido categorizados por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DGCG) del Tesoro en función de su capacidad de endeudamiento. Esta categorización depende de la generación de ahorro, la solvencia, el índice de capacidad y el índice de capacidad global. Estos criterios permiten dividir a los municipios en tres categorías: A (pueden endeudarse hasta el límite legal), B (pueden endeudarse a condición de que mejoren sus indicadores financieros) y C (no pueden contraer ninguna deuda).

DEUDA: A partir de la información proporcionada por los municipios, la DGCG elabora un "Informe anual sobre el estado de los empréstitos públicos municipales". Este informe recopila el saldo, los contratos, los pagos y el análisis de la deuda de cada municipio.

En 2020, la deuda municipal total (incluidas las garantías y los acreedores financieros-monetarios) ascendió al 3,2% del PIB y representó el 3,8% de la deuda de los GG. Con respecto a 2019, la deuda de los GL registró un aumento del 13,6%, que se explica por la necesidad de recurrir a acreedores externos para completar la financiación de los gastos de los municipios ante un aplazamiento de las transferencias del gobierno central. El instrumento más utilizado es el préstamo de los bancos locales (81,4% de la deuda financiera). Además, en los últimos años, algunos municipios recurren a la titulización de activos. Este instrumento representa el 18,6% de la deuda financiera. Los municipios que han titulizado deuda son, en general, los más grandes o con mayor capacidad financiera: San Salvador, Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, Santa Ana, Sonsonate y San Miguel.

GESTIÓN TERRITORIAL DE LA CRISIS: La pandemia del COVID-19 generó un estado de emergencia y crisis sin precedentes en El Salvador. Desde mediados de marzo de 2020, cuando se registró el primer caso de infección en el país, el gobierno declaró el estado de emergencia nacional (L.D. 593 del 14 de marzo de 2020), en el que estableció una serie de restricciones obligatorias. Éstas incluían el cierre total de las fronteras; un bloqueo total, en el que sólo se permitía salir a la gente para comprar alimentos o realizar transacciones bancarias (en días vinculados a los números de identificación) o por razones sanitarias; el cese de la mayoría de las actividades económicas, con la única excepción de la producción agrícola y alimentaria en general, y el funcionamiento de los centros sanitarios y los bancos.

La gestión de la pandemia estuvo dirigida por el presidente de la República, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud (MINSAL). Las principales decisiones se tomaron a nivel central sin contar con la participación activa de los gobiernos subnacionales y otros actores. A nivel territorial, el MINSAL dictó las directrices y coordinó con el ISDEM (reemplazado por la DOM en 2021), COMURES y los gobiernos locales la ejecución de las medidas de respuesta a la emergencia en los municipios, especialmente las relacionadas con la provisión de paquetes de alimentos, medicamentos y suministros sanitarios. En el segundo semestre de 2020, los municipios tuvieron espacio para tomar decisiones autónomas en el momento en que se les asignó una parte de los recursos presupuestados por la Asamblea Legislativa para hacer en relación a la pandemia.

MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA HACER FRENTE A LA CRISIS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO: Utilizando los recursos proporcionados de acuerdo con los decretos legislativos 587, 624, 650, 668 y 687, emitidos en marzo, abril y junio de 2020, los gobiernos locales tomaron medidas para aplicar los programas de gasto. Las autoridades municipales desarrollaron programas de limpieza de calles y plazas, programas de saneamiento para vehículos y peatones en las entradas de pueblos y ciudades, y programas de distribución de equipos de protección (alcohol en gel, mascarillas, guantes, ropa estéril, etc.) y paquetes de alimentos a domicilio. También se adoptaron medidas sanitarias, como el suministro de medicamentos a los hogares y centros sanitarios y el transporte de pacientes a los hospitales y de personas fallecidas a los lugares de enterramiento.

Estos programas se mantuvieron desde mediados de marzo hasta finales de diciembre de 2020. Las autoridades municipales siguieron atendiendo las demandas de la población relacionadas con la pandemia a lo largo de 2021, a pesar de que se retiró la financiación del gobierno central .

Para cubrir las necesidades financieras causadas por la crisis, en el segundo semestre de 2020 el gobierno central contrajo una deuda de 2.350,8 millones USD, de los cuales 191,7 millones USD (el 8,2% de la deuda total contraída) se distribuyeron a las 262 autoridades municipales para financiar la aplicación de los programas de asistencia social y cubrir los costes causados por la pandemia, así como para mitigar los riesgos relacionados con las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal (que azotaron el país en mayo de 2020). Además, una parte de la transferencia del FODES (156,8 millones de dólares) se utilizó para financiar los costes de hacer en relación a la pandemia (campañas de limpieza de mercados, calles, comunidades, compra de equipos, etc.) y los costes generados por las tormentas tropicales. En total, las autoridades municipales recibieron 348,5 millones USD (1,4% del PIB) para hacer en relación a la crisis.

IMPACTOS DE LA CRISIS EN LAS FINANZAS DEL GOBIERNO SUBNACIONAL: La pandemia del COVID-19 tuvo un gran impacto en la economía salvadoreña y, en última instancia, en las finanzas públicas. En primer lugar, debido al cese de casi el 75% de las actividades económicas, el Estado dejó de percibir ingresos y registró un aumento del gasto público para hacer en relación a la emergencia, principalmente gastos relacionados con la salud (infraestructuras, equipamiento hospitalario, medicamentos) y servicios sociales (subsidios monetarios y alimentarios a 1,5 millones de hogares).

Las finanzas locales también se resintieron considerablemente como consecuencia de la crisis. Además de los bajos ingresos fiscales que caracterizan a los municipios, la recesión económica también provocó una caída de los ingresos fiscales. Según las bases de datos abiertas de ejecución presupuestaria de los municipios en 2020, los ingresos de origen propio se contrajeron en el 65% de los ayuntamientos. La caída media fue del 48,5%, aunque hubo una amplia gama de resultados a este respecto, desde caídas del 10% al 95% de los ingresos, siendo los municipios más pequeños los que sufrieron una mayor contracción.

En términos de gasto, el impacto se manifestó en un aumento medio del 25%. Cabe señalar que gran parte del aumento de los gastos se financió con las subvenciones que los municipios recibieron de los programas de apoyo financiero del gobierno nacional. Estas sumas contribuyeron a que la deuda financiera sólo creciera un 10,9%, al mismo ritmo que en 2019. Sin embargo, la deuda de los municipios con los proveedores financieros y los acreedores no pudo contenerse y aumentó un 44,5% frente al 8,2% de variación en 2019.

PLANES DE ESTIMULACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL: Los principales paquetes de estimulación se aplicaron y coordinaron a nivel central. Entre ellos cabe destacar la ayuda monetaria a los hogares (un bono de 300 USD por hogar), la entrega de paquetes de alimentos a los hogares, la entrega de paquetes agrícolas, los subsidios a las pequeñas empresas y microempresas informales, y los préstamos a las empresas formales para ponerlas de nuevo en pie. Los subsidios y los préstamos a los sectores productivos fueron gestionados por el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL o Banco de Desarrollo de El Salvador). Este organismo del gobierno central se encargó de administrar el fondo fiduciario para la recuperación de las empresas salvadoreñas (FIREMPRESA o Fideicomiso para la recuperación de las empresas salvadoreñas). Este fideicomiso permanecerá en funcionamiento durante los próximos años, aportando recursos y dando asistencia técnica a los sectores productivos. Los gobiernos locales llevaron a cabo sus propios programas de apoyo a los hogares cuando recibieron los recursos asignados por la asamblea legislativa. A partir de 2021, los municipios no recibirán más recursos para hacer en relación a la pandemia y, en consecuencia, sólo aquellos con mayor capacidad financiera seguirán desplegando planes de apoyo a las familias.