GUINEA

La actual Constitución guineana fue adoptada el 22 de mayo de 2020, la anterior databa de 2010. Esta nueva constitución declara al país una República con un sistema presidencial. El presidente de la República, que es el jefe del Estado, nombra a un primer ministro que es el jefe del Gobierno. El gobierno ostenta el poder ejecutivo y el poder legislativo se reparte entre la Asamblea Nacional y el gobierno. El artículo 136 de la Constitución reconoce que "las colectividades locales son administradas de forma autónoma por consejos elegidos bajo el control de un delegado del Estado, que representa el interés nacional y vela por el respeto de la ley".

Tras la primera República de Sékou Touré (1958-1984), el proceso de descentralización en Guinea se inició con el discurso inaugural del Jefe del Estado, el general Lansana Conté, el 22 de diciembre de 1985, que estableció la descentralización como el medio elegido por el gobierno para implicar a la población en la gestión de los asuntos públicos. Las reformas emprendidas entonces tenían como objetivo mejorar la gobernanza para que las decisiones políticas y su aplicación fueran más eficaces. La ambición era diseñar y aplicar políticas y estrategias que respondieran mejor a las necesidades expresadas libremente por la población. La descentralización se entiende como un medio de capacitar a la población para que asuma responsabilidades y participe en el proceso de desarrollo a través de órganos electos y de una gobernanza subnacional eficaz.

El Código de los Poderes Locales y Regionales, adoptado en 2006 y revisado en 2017, supuso un avance significativo en la estructuración de la descentralización en Guinea. Reconoce a las autoridades locales una amplia autonomía financiera y prerrogativas, con 33 competencias transferidas agrupadas en 22 áreas de responsabilidad (14 para los municipios rurales y urbanos y ocho para las regiones). Las últimas elecciones locales se celebraron en febrero de 2018, más de una década después de las elecciones locales de 2005.

En marzo de 2012 se dio otro paso muy importante al aprobarse por decreto la Carta de Política Nacional de Descentralización y Desarrollo Local (LPNDDL o Lettre de politique nationale de décentralisation et de développement local) y su plan de acción. Esta carta de política nacional es un instrumento práctico de orientación estratégica para reforzar la descentralización y el desarrollo local. El comité de pilotaje interministerial (CIP o Comité de pilotage interministériel) de la LPNDDL, creado en 2013 y compuesto por 10 personas que representan a diferentes ministerios y a la Asociación Nacional de Comunas de Guinea (ANCG o Association Nationale des Communes de Guinée), se encarga del seguimiento de la aplicación del plan de acción.

En 2016 se creó un fondo nacional de desarrollo local (FNDL o Fonds national de développement local) de conformidad con las disposiciones del artículo 165 del Código Minero. La gestión del Fondo se confía a un establecimiento público administrativo (EPA o Etablissement public administratif), organismo dotado de autonomía de decisión y de gestión. Este EPA es la Agencia Nacional de Financiación de las Colectividades Locales y Regionales (ANAFIC o Agence Nationale Financement des Collectivités). El FNDL está destinado a financiar las inversiones en todas las colectividades locales del país según reglas de reparto y un sistema de perecuación.

En aplicación de las disposiciones del artículo 130 del Código Minero, se creó en 2017 un "fondo de desarrollo económico local", (FODEL o Fonds de développement économique local). Su objetivo es promover el desarrollo de las colectividades locales y regionales de las prefecturas de Boké, Boffa, Fria, Siguiri, Kindia, Gaoual y Dinguiraye, donde se encuentran las explotaciones mineras, y de las colectividades locales y regionales vecinas afectadas. Está previsto que el FODEL se financie en parte con la Contribución al Desarrollo Local, fijada en el 0,5% de la facturación de una empresa por el título minero en la zona para los minerales de categoría 1 (bauxita, hierro) y en el 1% para los demás minerales.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
NIVEL MUNICIPAL	NIVEL INTERMEDIO	NIVEL REGIONAL	NÚMERO TOTAL DE SNG (2021)
362 comunas (323 municipios rurales y 39 municipios urbanos, incluidos 6 municipios de la región especial de Conakry)
Tamaño medio de los municipios: 36 278 habitantes
362			362

Nombre y número de entidades subcomunales:

4 142 Distritos/Vecindarios; 15 741 Sectores

DESCRIPCIÓN GENERAL: Según la Constitución de 2020, la organización territorial de la República de Guinea consta de circunscripciones administrativas desconcentradas, a saber, regiones, prefecturas y subprefecturas, y de colectividades territoriales descentralizadas compuestas por regiones y comunas urbanas y rurales. Las comunas rurales se subdividen en distritos y las comunas urbanas en barrios. Con la evolución demográfica y económica de ciertos distritos y barrios, en 2020 y 2021, el Estado ha elevado el estatus de 19 distritos a comunas rurales y el de una subprefectura a comuna urbana, con lo que el número de autoridades locales asciende a 362 comunas (323 comunas rurales y 39 comunas urbanas, incluidas 6 comunas de la región especial de Conakry).

El estatuto especial de Conakry tiene su origen en la ordenanza 002/PRG/SGG/83 sobre el estatuto especial de la ciudad de Conakry. El artículo 2 de esta ordenanza estipula que la ciudad de Conakry es a la vez una circunscripción administrativa del Estado y una autoridad descentralizada con personalidad jurídica y autonomía financiera. La ciudad de Conakry está dividida en seis comunas (Kaloum, Dixinn, Ratoma, Matam, Matoto e Islas Kassa). El consejo municipal, como órgano deliberante de la ciudad, y el presidente del consejo, como órgano ejecutivo, son responsables de la administración y gestión de la ciudad. El consejo de la ciudad está compuesto por miembros elegidos entre los miembros de los consejos comunales y por representantes de los organismos económicos y sociales de la ciudad nombrados en las condiciones definidas por decreto del presidente de la República.

ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL ESTATAL: El país cuenta con ocho regiones administrativas (incluida la región especial de Conakry), 33 prefecturas y 324 subprefecturas (nivel desconcentrado). Se han realizado varios estudios con diferentes hipótesis para determinar el número de regiones - autoridades descentralizadas que deben crearse, pero todavía no se ha creado ninguna. No obstante, el Código de los Poderes Locales y Regionales de 2017 precisa las competencias y el funcionamiento de estas regiones.

Las ocho regiones administrativas, incluida la zona especial de Conakry, están dirigidas cada una por un gobernador, nombrado por el presidente de la República, que coordina las inspecciones regionales de los diferentes ministerios. El gobernador se apoya en los servicios desconcentrados del ministerio encargado de la descentralización, los SERACCO, para trabajar con las autoridades locales. Este nivel se dedica ahora más a controlar las políticas públicas locales que a aplicarlas.

Junto a los servicios de la prefectura, las direcciones prefecturales representan cada una a los ministerios técnicos y deben permitir al Estado apoyar a las colectividades locales a través de los servicios prefecturales de desarrollo (SPD o Services préfectoraux de développement). Las subprefecturas, cuyo territorio corresponde al de una colectividad local, no disponen de ingresos. Fuera de los municipios urbanos, los servicios locales desconcentrados son responsabilidad del subprefecto.

NIVEL MUNICIPAL: Las comunas rurales y las subprefecturas comparten la misma zona geográfica, lo que se traduce en una escasa visibilidad de las comunas rurales en favor de las subprefecturas. Las comunas urbanas corresponden a las cabeceras de las 33 prefecturas (excluidas las seis comunas de Conakry). Las comunas tienen un órgano deliberante, el consejo comunal, y un ejecutivo, el alcalde y sus adjuntos. El ejecutivo es elegido por el consejo comunal de entre sus miembros. La sesión para elegir al ejecutivo del consejo comunal se convoca por orden de la autoridad de control. La elección se celebra mediante voto secreto y se decide por mayoría absoluta.

El nivel comunal es donde se proporcionan los servicios básicos a la población a través de los ingresos que recaudan e invierten en la aplicación de su plan de desarrollo local (PDL o plan de développement local), incluida la construcción de centros de salud, escuelas, puntos de agua y otros.

COOPERACIÓN HORIZONTAL: En Guinea existen varios ejemplos de cooperación intercomunal y descentralizada.

En la región de Boffa, una agrupación de interés público, GRENPAH, organiza el mantenimiento de los caminos rurales desde 1995. Se trata de una estructura única en la República de Guinea (primer dispositivo de cooperación intercomunal del país). Reorganizada en 2003, cuenta con 10 miembros de pago (personas jurídicas) y apoya a 44 comités de mantenimiento de caminos rurales de aldea (CVEP o Comités villageois d'entretien des pistes rurales) y a dos comités de mantenimiento de caminos urbanos (CEVU o Comités d'entretien des routes urbaines). El GRENPAH construye una media de seis estructuras de paso al año y sirve a los intereses de las poblaciones de la prefectura de Boffa en el mantenimiento de las pistas rurales y las carreteras urbanas. GRENPAH se estructura en torno a una Asamblea General, un Consejo de Administración y un equipo técnico.

La asociación Guinea 44 desarrolla sus actividades en los ámbitos del agua y el saneamiento, el desarrollo rural y el desarrollo local en general. Esta estructura de cooperación descentralizada de la región de Kindia, que antes estaba financiada casi exclusivamente por el Consejo General de Loira-Atlántico (Francia), ha decidido ahora diversificar sus fuentes de financiación y amplía su apoyo a la realización de peritajes para apoyar el desarrollo local en una zona más amplia. También existen muchas otras acciones de cooperación descentralizada, por ejemplo entre el municipio urbano de Boffa y el departamento francés de Charente Maritime (agua, caminos rurales, etc.), municipios de la región de Mamou y el departamento francés de Nord (salud comunitaria), el municipio urbano de Labé y municipios de la región francesa de Occitanie, etc.

El decreto A/2021/240/MATD/CAB/DND/SGG relativo al establecimiento de la cooperación intercomunal, firmado por el ministro de la Administración Regional y de la Descentralización, establece las reglas de establecimiento, organización y funcionamiento de las asociaciones intercomunales.

Según los artículos 29 y 30 de la Ley L/2017/040/AN, de 24 de febrero de 2017, relativa al Código revisado de las autoridades locales y regionales de la República de Guinea, las comunas rurales y urbanas tienen 14 áreas de responsabilidad y las regiones, ocho. En la práctica, las comunas asumen muy pocas de sus responsabilidades debido a la falta de recursos humanos y financieros. Las autoridades locales asumen un cierto número de responsabilidades, a saber: el estado civil, la gestión administrativa, financiera y contable y las adquisiciones. Para reforzar a las autoridades locales en la aplicación de las responsabilidades transferidas, en 2020 se firmaron dos decretos de aplicación del Código de las autoridades locales y regionales, a saber, el Decreto conjunto A/2020/3166/MUA/MATD/SGG/ sobre la asignación de responsabilidades a las comunas en materia de gestión de residuos domésticos y similares y el Decreto conjunto A/2020/3053/MATD/MS/SGG/, que establece los detalles de las responsabilidades transferidas del gobierno central a las autoridades locales en materia de sanidad y permite la aplicación del plan de desarrollo sanitario local con el apoyo del departamento de sanidad de la prefectura.

Principales ámbitos y subámbitos de responsabilidad
ÁMBITOS Y SUBÁMBITOS	Nivel regional	Nivel municipal
1. Servicios públicos generales (administración)		Creación, organización, gestión, modificación y supresión de los servicios administrativos y públicos de la entidad local; refuerzo de las capacidades de los cargos electos y del personal de los servicios descentralizados; estado civil.
2. Orden público y seguridad		Seguridad (policía local)
3. Asuntos económicos/transporte	Apoyo a los sectores económicos regionales; apoyo a la innovación económica y tecnológica	Instalaciones de mercado e infraestructura económica; transporte
4. Protección del medio ambiente	Protección del medio ambiente	Medio ambiente y entorno vital (higiene y saneamiento); control de animales y alimañas
5. Vivienda y servicios comunitarios	Mantenimiento de las infraestructuras viarias entre las regiones	Infraestructura social y administrativa; carreteras y mantenimiento del alumbrado público; mantenimiento de las instalaciones comunitarias; gestión de los bienes y propiedades de la comunidad
6. Salud	Gestión de los hospitales prefecturales y regionales	Salud primaria (centros de salud, puestos sanitarios)
7. Cultura y ocio	Promover actividades culturales y deportivas	Construcción de infraestructuras culturales (centros juveniles y centros culturales)
8. Educación	Enseñanza secundaria general mediante la gestión de centros de enseñanza secundaria; formación profesional	Educación preescolar, primaria y secundaria; alfabetización y educación cívica
9. Protección social		Acción social (promoción de mujeres y niños)

Alcance de los datos financieros: 342 municipios rurales y urbanos de los 362 gobiernos locales. En 2020, 20 comunas de nueva creación carecían de presupuesto.

Ministerio de Administración Local y Regional y Descentralización; Ministerio de Hacienda; Ministerio del Presupuesto.

Disponibilidad de datos financieros: Media

Calidad/fiabilidad de los datos financieros: Medium

INTRODUCCIÓN GENERAL: En su Título V - Capítulo 1, el Código de los Poderes Locales y Regionales revisado en 2017 define las disposiciones generales relativas a las finanzas de los gobiernos subnacionales. Estas disposiciones se gestionan de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica L/2012/012/CNT de Finanzas. El capítulo 3 trata de los ingresos de los gobiernos subnacionales y tiene rango de ley fiscal. Las finanzas de los gobiernos subnacionales y sus servicios públicos financieramente autónomos se gestionan de acuerdo con los principios generales de las finanzas públicas. Los municipios rurales y urbanos disponen de un marco presupuestario y contable compuesto por los ingresos (ingresos fiscales, ingresos no fiscales, subvenciones y ayudas estatales, ingresos varios y accidentales e ingresos del sector minero) y los gastos. Las autoridades locales y regionales deben preparar, adoptar y hacer aprobar anualmente por el representante del Estado el estado provisional de ingresos y gastos. Para ello, disponen de un manual de procedimientos presupuestarios y contables y de un manual de procedimientos de control interno y auditoría.

Gasto de los gobiernos subnacionales según la clasificación económica
2020	Dólares PPA / habitante	% PIB	% gobierno general	% gobierno subnacional
Gasto total	0.8	0.03%	0.3%	100.0%
Gastos corrientes	0.7	0.02%	0.3%	83.9%
Gastos de personal	0.3	0.01%	0.3%	32.4%
Consumo intermedio	-	-	-	-
Gastos sociales corriente	0.4	0.01%	-	46.3%
Subvenciones y transferencias corrientes	-	-	-	-
Gastos financieros (incluidos los intereses)	0.04	0.01%	0.2%	5.3%
Otros gastos corrientes	-	-	-	-
Gastos de capital	0.1	0.01%	0.3%	16.1%
Transferencias de capital	0.1	0.01%	-	16.1%
Inversión directa (o FBCF)	-	-	-	-

GASTOS: Los gastos de los gobiernos subnacionales guineanos se componen de gastos de funcionamiento (deudas, sueldos y salarios, gastos corrientes, intervenciones económicas y sociales, gastos excepcionales - pasados y varios, gastos financieros) y gastos de inversión de capital (dotaciones, subvenciones concedidas, fondos asignados a los gobiernos subnacionales, préstamos, valores de cartera y patrimoniales, gastos de estudio e investigación, inmovilizado material, inmovilizado en curso, gastos varios, resultados). Los gastos por categoría económica son en un 83,9% gastos corrientes. Estos incluyen los gastos de personal, que representan el 32,4% de los gastos locales, los gastos sociales corrientes, con un 46,3%, los gastos financieros (5,3%) y las subvenciones y otras transferencias corrientes (2,4%).

INVERSIÓN DIRECTA: La inversión directa en los municipios es del 16,1% del gasto, si entendemos que la mayoría de las "subvenciones concedidas" son para inversiones de capital. La mayor parte del gasto directo en inversiones de capital está financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Local a través de la Agencia Nacional de Financiación de los Poderes Locales y Regionales (ANAFIC).

Las autoridades locales incurren en gastos de funcionamiento y de capital de acuerdo con el plan anual de inversiones de capital (AIP o plan annuel d'investissement), que se deriva del plan de desarrollo local (PDL o plan de développement local) de cada comuna. El gasto en inversión de capital se utiliza para lograr las prioridades de desarrollo de las comunas a través de: (i) el programa de desarrollo económico que abarca los siguientes sectores: agricultura, ganadería, pesca, artesanía, acuicultura, turismo, industria y PYME, energía, comercio, infraestructuras de transporte; (ii) el programa de ordenación del territorio, que abarca el urbanismo y la vivienda; (iii) el programa de desarrollo sociocomunitario, que abarca sectores como la educación, la sanidad, el agua, la cultura y el culto, la juventud, el desarrollo de las mujeres y los niños, la comunicación, la higiene y el saneamiento; (iv) el programa de mitigación de impactos, que abarca el medio ambiente y la gestión de residuos sanitarios; (v) el programa de desarrollo institucional, que incluye la buena gobernanza, el desarrollo de capacidades, la gestión de conflictos y la seguridad.

En los últimos 10 años, el programa de desarrollo sociocomunitario ha sido aplicado en mayor medida por las autoridades locales y regionales, dando prioridad a la construcción de infraestructuras sanitarias, educativas y culturales, pozos de sondeo y carreteras rurales.

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La categorización de las transferencias de la ANAFIC utilizadas para financiar las acciones de desarrollo de las 337 comunas revela que el 44,4% del gasto de capital de los gobiernos subnacionales se destina a infraestructuras y equipamientos y el 31,9% a educación. Según los datos sobre la situación de las 337 comunas con financiación de ANAFIC para el año 2020, el 12,6% del gasto en inversiones de capital se destina a infraestructuras culturales y deportivas y el 10,8% a sanidad. La última parte, mucho menos significativa, de las transferencias de ANAFIC se destina a la seguridad (0,2%).

Ingresos de los gobiernos subnacionales por categoría
2020	Dólares PPA / habitante	% PIB	% gobierno general	% gobierno subnacional
Ingresos totales	1	0.04%	0.3%	100.0%
Ingresos fiscales	0.3	0.01%	0.1%	28.9%
Donaciones y subvenciones	0.4	0.01%	-	31.1%
Tarifas y tasas	0.4	0.02%	-	36.3%
Ingresos provenientes de los activos	-	-	-	-
Otros ingresos	0.04	0.002%	-	3.8%

DESCRIPCIÓN GENERAL: Las disposiciones del capítulo 3 del Código guineano de los poderes locales y regionales tienen el estatus de ley fiscal relativa a los ingresos de los gobiernos subnacionales. Estas disposiciones sólo pueden modificarse mediante una nueva ley fiscal aplicable a los gobiernos subnacionales o, en el caso de los ingresos compartidos entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales, mediante una disposición en la ley de finanzas del año. Los elementos que componen los ingresos de las entidades locales son los ingresos de explotación y los ingresos por inversiones de capital, según una clasificación presupuestaria.

Tras la identificación por parte de los actores locales de nuevos ingresos de origen propio para las autoridades locales, el Ministerio encargado de las Autoridades Locales, con el apoyo del Ministerio del Presupuesto, procedió a revisar la clasificación presupuestaria y contable en 2020. Esta revisión supuso la integración de nuevos ingresos de origen propio (la cuota del 0.5% sobre los contratos de obras públicas y de ingeniería civil; la retención sobre la compra de productos locales; la retención sobre los ingresos de los prestadores de servicios no residentes; el impuesto sobre las embarcaciones a motor; la tasa sobre la autorización de uso de bienes o de ejercicio de actividades profesionales; las tasas de inscripción en los exámenes; la venta en subasta pública de elementos del patrimonio de la colectividad local) y la adaptación de la nomenclatura presupuestaria y contable a las recomendaciones de la Organización para la Armonización del Derecho Mercantil en África (OHADA u Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires).

En 2020, las tasas y cánones representaron el 36,3% del total de los ingresos comunales, las subvenciones y ayudas el 31,1%, los ingresos fiscales el 28,9% y otros ingresos el 3,8%.

INGRESOS FISCALES: Según el artículo 484 del Código de Poderes Locales y Regionales, los ingresos fiscales son los impuestos, contribuciones e impuestos directos que figuran en el padrón (lista de contribuyentes) y que resultan del producto de las bases imponibles fijadas por la ley. Algunos ingresos fiscales son compartidos entre el Estado y las colectividades locales, entre ellos: el impuesto sobre actividades económicas (patentes), las licencias, la contribución territorial única (CFU o contribution foncière unique), el impuesto profesional único (TPU o taxe professionnelle unique), el impuesto sobre las armas de fuego y el impuesto único sobre los vehículos (TUV o taxe unique sur les véhicules). Los tipos, tarifas y métodos de determinación de la base imponible de estos ingresos compartidos se fijan en la ley de finanzas de cada año y en el Código General de Impuestos, que también establecen las claves de reparto de su recaudación entre el Estado y las entidades locales.

La CFU (tasa territorial) es pagadera por las personas físicas o jurídicas propietarias de bienes inmuebles, urbanizados o no. Se estableció para el presupuesto nacional y el presupuesto de las autoridades locales de la República de Guinea y su recaudación se distribuye según una clave de reparto. Estos ingresos fiscales se recaudan tras un censo de contribuyentes. Las dificultades a las que se enfrentan las autoridades locales en el marco del CFU residen en los procesos de identificación, pago y recaudación.

En 2020, los ingresos fiscales representarán el 0,01% del PIB y el 0,1% de los ingresos públicos.

Las autoridades locales están asistidas en la recaudación de impuestos por los servicios fiscales de las prefecturas, bajo el control de las autoridades fiscales nacionales. La Dirección de Impuestos de la Prefectura se encarga de la edición de los padrones fiscales. La Dirección de Impuestos de la Prefectura vela por el cumplimiento de las normas de asignación de impuestos.

SUBVENCIONES Y AYUDAS : El Código revisado de las autoridades locales y regionales prevé dos tipos de subvenciones del Estado: una subvención de funcionamiento y una subvención de capital. Estas asignaciones del Estado a las autoridades locales (municipios urbanos y rurales) varían entre municipios y de un año a otro en función de una clave de reparto definida por el Estado.

Sobre la base de la clave de distribución para el año 2020, se asignaron 224 618 millones de GNF (~ 55 millones de USD PPP) a inversiones y microproyectos planificados por las autoridades locales a través de la Agencia Nacional para la Financiación de las Autoridades Locales y Regionales (ANAFIC). Esta cantidad representa un aumento del 17% con respecto a los 191 360 millones de FNB (~ 47 millones de USD PPA) transferidos por la ANAFIC a las 337 autoridades locales en 2019. Este fondo de ayuda a la asistencia y a las inversiones de capital es complementario a los gastos de los gobiernos subnacionales tal y como figuran en sus cuentas administrativas. Cada año, la cantidad prevista se distribuye entre todas las comunas, excepto las de Conakry, según la fórmula de igualación adoptada por el gobierno, es decir: una parte "asignaciones estructurales" compuesta por una cantidad básica fija de 1 000 millones de FNB (~ 250 000 USD PPA) para cada una de las comunas, y la segunda parte "asignaciones per cápita" indexadas en función de la población con una cantidad fija por habitante para todos los gobiernos subnacionales.

Para las 6 colectividades locales restantes de la zona especial de Conakry, se creó un fondo de desarrollo para las comunas de Conakry, pero no se ha puesto en marcha para el ejercicio 2020. Este fondo es un presupuesto asignado procedente de los ingresos aduaneros extraídos de los ingresos de los puertos y aeropuertos petroleros, que deben ingresarse directamente en las cuentas de las 6 comunas para financiar sus planes de desarrollo local.

En cuanto al Fondo de Desarrollo Económico y Local (FODEL), en 2020 se distribuyó un importe de 39.270 FNB (~ 9,7 millones de USD PPA) entre 10 colectividades locales de la prefectura de Boké para financiar las acciones de desarrollo de los municipios. El Ministerio de Administración Local y Regional y Descentralización y el Ministerio de Minas y Geología han creado conjuntamente un Comité de Apoyo a la Gestión del FODEL (CAGF o Comité d'appui à la gestion du FODEL). El CAGF es la principal entidad de ejecución y seguimiento de los proyectos financiados por el FODEL a nivel de cada prefectura minera, a través de su plan de desarrollo local. Los recursos que alimentan el FODEL son aportados a través de una cuenta bancaria específica por cada empresa minera que opera en las colectividades locales directamente afectadas y limítrofes al título minero. Estos recursos están destinados a permitir que la población se beneficie de los beneficios de la actividad minera en sus localidades. Al igual que ANAFIC, el FODEL es un fondo de ayuda y apoyo a las colectividades locales destinado a las inversiones en las prefecturas mineras.

OTROS INGRESOS: Más de un tercio de los ingresos de las autoridades locales proceden del cobro de tasas y cánones (36,3%). Esta categoría de ingresos se compone de las tasas por puestos de mercado, alquiler de quioscos y casetas, almacenamiento de ganado, estacionamiento de vehículos de motor, tasas y recaudaciones por incautación, tasas por explotación de lugares turísticos, tasas por canteras, tasas por minería artesanal, tasas forestales, tasas por ocupación privada del dominio público, tasas topográficas, tasas por enterramiento y la retención fiscal por vivienda. Generalmente, los alcaldes confían la recaudación de la mayoría de estos ingresos no tributarios a individuos o personas denominados "recaudadores" o a sindicatos de transporte (estaciones de autobuses) o administradores de mercados (quioscos y puestos en los mercados) y, a veces, a las comisiones de finanzas de los consejos comunales.

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NORMAS PRESUPUESTARIAS: El presupuesto de un gobierno subnacional se elabora según los principios presupuestarios, a saber: unidad, anualidad, universalidad, especificidad de los créditos y equilibrio. Según la Ley sobre el Código de los Poderes Locales y Regionales (Sección II, Artículo 441), se realiza una deducción del 60% de los ingresos de explotación para destinarlos a gastos de capital. Esta exacción es una condición para elaborar, adoptar y aprobar el presupuesto comunal. Se trata de verdaderos ingresos de inversión de capital procedentes de los ingresos recaudados por los impuestos y gravámenes de los gobiernos subnacionales. También permite a las comunas invertir más en el desarrollo de infraestructuras.

ENDEUDAMIENTO: Según el artículo 490 del Código de Poderes Locales y Regionales, los gobiernos subnacionales, previa deliberación del consejo, pueden contraer préstamos (ingresos por inversiones de capital) para cubrir los gastos de capital del presupuesto. Los límites y las condiciones en las que las autoridades locales pueden recurrir a los empréstitos están fijados por la ley de finanzas vigente. Recurrir a empréstitos es responsabilidad del órgano deliberante (consejo comunal), sin embargo, esta responsabilidad puede delegarse en el alcalde o en una comisión.

Existe un sistema de préstamos para las autoridades locales a nivel del Banco Central. Éste no es operativo y las autoridades locales no pueden actualmente obtener préstamos a través de este sistema. No obstante, algunas comunas piden préstamos informales a particulares para financiar algunas de sus actividades.

GESTIÓN TERRITORIAL DE LA CRISIS: En su discurso a la nación del 26 de marzo de 2020, en respuesta al primer caso de infección por COVID-19 en un municipio de Conakry, el presidente de la República declaró el estado de emergencia que se prolongó hasta el 15 de agosto de 2020.

La estrategia de Guinea para hacer en relación a la crisis del COVID-19 tiene como objetivo prevenir la enfermedad y romper su cadena de transmisión. Las siguientes acciones emprendidas por el gobierno forman parte de este marco: (i) la puesta en marcha del plan nacional de preparación y respuesta contra el COVID-19; (ii) el establecimiento del estado de emergencia sanitaria; y (iii) la creación del consejo científico en Guinea. El plan nacional de preparación y respuesta contra el COVID-19 fue elaborado por el Ministerio de Sanidad en febrero de 2020, antes de la aparición de la pandemia en Guinea. El objetivo general del plan, de seis meses de duración, era reforzar la capacidad del país para prepararse y responder a un posible brote de COVID-19. El desarrollo de este plan implicó a los actores locales a través de consultas.

La respuesta institucional del gobierno en el frente sanitario fue la creación del consejo científico para la respuesta al COVID-19. Este órgano reúne a varios expertos nacionales de diversos campos bajo la autoridad del primer ministro. El objetivo del consejo científico es formular recomendaciones para reforzar la eficacia de la respuesta nacional a la pandemia. El consejo se encarga de supervisar, analizar y asesorar al gobierno en los ámbitos epidemiológico, biológico, clínico, terapéutico, socioeconómico y medioambiental.

Las autoridades regionales, prefecturales y comunales se implicaron en la gestión de esta crisis sanitaria cerrando todas las fronteras (excepto para el transporte de mercancías con personal reducido), reduciendo el número de pasajeros en los transportes públicos (urbanos e interurbanos), cerrando los centros de enseñanza y los lugares de culto y exigiendo que se aplicaran medidas de barrera en todos los accesos a lugares públicos, mercados y restaurantes.

En todo el país, después de que el Estado anunciara la necesidad de aplicar el plan de gestión de crisis, todos los gobiernos subnacionales celebraron una sesión extraordinaria sobre la aplicación de medidas sanitarias. Los representantes electos locales celebraron sesiones de concienciación para la población de los barrios y distritos sobre las medidas sanitarias.

MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA HACER FRENTE A LA CRISIS EN LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO: Para hacer en relación a la crisis, se adoptaron medidas paliativas en beneficio de los hogares de las autoridades locales, a través de la Agencia Nacional de Inclusión Económica y Social (ANIES o Agence nationale d'inclusion économique et sociale) con ayudas presupuestarias específicas. El objetivo es proporcionar protección social a los hogares y protegerlos de una fuerte disminución de su poder adquisitivo, evitando que caigan en la inseguridad y la pobreza. Como parte de las medidas para mitigar el impacto de la crisis, las autoridades locales, a través de los consejos comunales, crearon comités comunales de gestión de crisis sanitarias. Estos comités colaboraron estrechamente con los equipos de la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (ANSS o Agence nationale de sécurirté sanitaire) ANIES para observar las medidas de barrera y distribuir dinero en efectivo y alimentos en los barrios y distritos. Además, las autoridades nacionales pusieron en marcha medidas de mitigación en beneficio de las poblaciones vulnerables utilizando (i) la Política Nacional de Protección Social; (ii) la Política Nacional de Género; y (iii) el Plan Nacional de Desarrollo Sanitario para orientar sus intervenciones. Para garantizar la eficacia de estas intervenciones, las autoridades nacionales las coordinan con: (i) el proyecto de respuesta y apoyo de emergencia NAFA (los objetivos del programa NAFA para Guinea son desarrollar los componentes básicos de un sistema nacional de protección social que responda a las crisis y aumentar el acceso de los hogares pobres y vulnerables a las redes de seguridad que responden a las crisis); y (ii) la segunda fase del Proyecto de Empoderamiento de la Mujer y Dividendo Demográfico del Sahel.

EFECTOS DE LA CRISIS EN LAS FINANZAS DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES: Con el apoyo financiero de UNICEF, una delegación del Ministerio de Gobiernos Locales y Regionales y Descentralización, a través de la Dirección Nacional de Desarrollo, visitó cinco comunas rurales del país del 27 al 29 de diciembre de 2021. El objetivo de la misma era evaluar los resultados obtenidos y la evolución de los ingresos de 2019 a 2021. Tras el análisis de las recaudaciones fiscales en la sección operativa, la observación general es que el nivel de recaudación de ingresos locales en 2020 es inferior al de los otros dos años en algunas comunas. Otros efectos de la crisis del COVID-19 en algunas autoridades locales incluyen la laxitud en el proceso de censo de contribuyentes y en la recaudación de impuestos por parte de los agentes locales.

En general, el impacto más significativo en las finanzas de los gobiernos locales está relacionado con la ralentización o incluso el cese de ciertas actividades económicas y la imposibilidad de recaudar los impuestos propios o compartidos correspondientes.

PLANES DE ESTIMULACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL: El 2 de abril de 2020, la República de Guinea puso en marcha un plan de respuesta económica a la crisis sanitaria del COVID-19, en vigor hasta 2021. El objetivo del plan era contener la propagación de la pandemia, proteger la salud de la población, ayudar al sector privado a absorber los impactos causados por la recesión económica y apoyar a los hogares económicamente débiles. Durante la elaboración de este plan de respuesta, el Ministerio de Planificación y Desarrollo Económico organizó varias reuniones informativas en las que se invitó a los cargos electos locales a compartir información y realizar campañas de concienciación entre la población. El plan consta de tres partes: un componente sanitario, cuyo objetivo es reforzar la infraestructura y el sistema sanitarios; un componente social, cuyo objetivo es mitigar las consecuencias de la crisis sanitaria para los hogares pobres; y un componente de apoyo al sector privado. En materia de apoyo al sector privado, el gobierno central desarrolló dos herramientas financieras para poner en práctica su apoyo al sector privado: (i) un fondo de apoyo a las agrupaciones de interés económico (AIE) y a las empresas, y (ii) un fondo de garantía de préstamos a las empresas (FGPE SA o Fonds de garantie des prêts aux entreprises).

Creado por el decreto D/2020/097/PRG/SGG del 29 de mayo de 2020, el objetivo del fondo de apoyo a las AIE y a las empresas es proporcionar una ayuda financiera reembolsable. Los beneficiarios de este fondo son las empresas (VSE, PYME o grandes empresas) y las AIE que prestan servicios de transporte aéreo, marítimo y terrestre o que operan en los siguientes sectores: turismo, comercio, restauración, agricultura, ganadería, pesca, educación, cultura, juventud y cualquier otro sector reconocido como elegible.

El FGPE SA fue creado por el Decreto D/2020/098/PRG/SGG/ de 29 de mayo de 2020 con el objetivo de "compartir el riesgo con los actores del sector financiero para facilitar el acceso de las PYME a la financiación, promover el desarrollo económico y trabajar en la reducción de la pobreza, proporcionando a las instituciones financieras garantías y otros productos financieros similares o relacionados, y maximizando el uso de otras garantías que no consuman fondos públicos". Los beneficiarios de este fondo son los bancos, las instituciones financieras, las instituciones de microfinanciación y las autoridades de contratación pública. A través de los comités comunales de gestión de crisis sanitarias, los gobiernos subnacionales difundieron información sobre el fondo y sensibilizaron a la población para animar a los posibles beneficiarios a dirigirse a las instituciones de microfinanciación. Por último, las medidas del gobierno central para volver a poner en marcha las empresas privadas y el sector informal, en particular las que operan en los sectores de la hostelería, la artesanía y el pequeño comercio, se han centrado en la reducción de las cargas sociales, financieras y fiscales para preservar el empleo y garantizar la viabilidad de las empresas; la reducción y flexibilización de las obligaciones fiscales para todas las empresas con el fin de limitar la ralentización de la actividad; y la flexibilización de los mecanismos de financiación de la economía mediante un mecanismo de garantía de los préstamos bancarios a las PYME en dificultades y la intervención prudente del Banco Central de la República de Guinea.