URUGUAY

Uruguay es un Estado unitario presidencial con división de poderes y tres niveles de gobierno electivo: nacional, departamental y municipal. El presidente está investido del poder ejecutivo y es a la vez jefe de gobierno y jefe de Estado. El poder legislativo recae en una Asamblea General bicameral, compuesta por la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores. El presidente es elegido cada cinco años por votación popular, mientras que los miembros de la Asamblea General son elegidos cada cinco años por representación proporcional para garantizar la presencia de al menos dos miembros por departamento. El poder judicial recae en los tribunales, de los cuales el Tribunal Supremo es el más alto tribunal.

El inicio del proceso de descentralización se remonta a 1935, con la promulgación de laLey Orgánica Municipal nº 9.515 (Ley Orgánica Municipal). La descentralización está recogida en la Constitución de 1967 (Sección XVI), que reconoce la existencia de autoridades locales, aunque no se las considera explícitamente como municipios. La Constitución ha sido modificada en varias ocasiones: 1989, 1994, 1996 y 2004. En particular, la Reforma Constitucional de 1996 definió una serie de reformas políticas hacia la descentralización, entre las que cabe destacar la creación de la Comisión Sectorial de Descentralización y del Congreso de Alcaldes, así como la definición de lo departamental y lo municipal. Un segundo conjunto de intervenciones se llevó a cabo desde 1990 con la iniciativa descentralizadora y los nuevos mecanismos de participación ciudadana en el departamento de Montevideo.

En 2009 se dieron pasos importantes hacia la descentralización con la aprobación de la Ley Nº 18 567 de Descentralización Política y Participación Ciudadana, que estableció a los municipios como gobiernos locales aunque sujetos a la jerarquía del jefe de departamento (intendente). En julio de 2010, se eligieron los primeros gobiernos locales al mismo tiempo que la Ley Nº 18 719 dio origen alFondo de Incentivo a la Gestión de los Municipios. En 2014, se introdujo la Ley nº 19 272, que sustituyó a la Ley nº 18 567 y estableció los consejos municipales como órganos de gobierno totalmente descentralizados. Sin embargo, la aprobación en 2015 de la Ley de Presupuesto Nacional nº 19 355 supuso la vuelta al sistema jerárquico contemplado inicialmente en la Ley nº 18 567. Las últimas elecciones departamentales y municipales se celebraron en septiembre de 2020

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
NIVEL MUNICIPAL	NIVEL INTERMEDIO	NIVEL REGIONAL	NÚMERO TOTAL DE SNG (2021)
125 municipios (municipios)		19 departamentos (departamentos)
Tamaño promedio municipal 27 790 habitantes
125		19	144

DESCRIPCIÓN GENERAL: Uruguay está dividido en 19 departamentos y 125 municipios. Algo más del 20% del territorio del país está municipalizado, incluyendo el 75% de la población total. Tres departamentos tienen su territorio totalmente municipalizado: Canelones, Maldonado y Montevideo. Los tres departamentos incluyen el 41% de todos los municipios. Los territorios que no están municipalizados siguen bajo la gestión del gobierno departamental al que pertenecen.

NIVEL REGIONAL: Los 19 departamentos constituyen el nivel regional de gobierno subnacional en Uruguay. Todos los departamentos están formados por lajunta departamental (junta departamental), con funciones judiciales y legislativas, y elintendente (alcalde), que ostenta funciones ejecutivas y administrativas. La Constitución establece las competencias básicas atribuidas a los departamentos y deja a la ley ordinaria la determinación del resto de las competencias legislativas y de control.

El 40% de la población de Uruguay se concentra en el departamento de Montevideo y más del 50% en el área metropolitana, que incluye ciudades de los departamentos de Canelones y San José. Esto la convierte en una de las mayores aglomeraciones urbanas de América Latina en proporción a la población del país.

NIVEL MUNICIPAL

Inicialmente se crearon 89 municipios tras la puesta en marcha de la Ley nº 18.567, número que ha aumentado a 125 hasta la fecha. La Ley establece que los municipios pueden crearse en territorios de 2.000 habitantes o más, aunque los gobiernos departamentales también recibieron de la Ley la capacidad de crear municipios en territorios de menos de 2.000 habitantes, capacidad que conservaron hasta 2013.

En 2010 se crearon los 89 municipios iniciales en todos los territorios con más de 5.000 habitantes. En 2013, los gobiernos departamentales crearon 12 nuevos municipios y en 2015, tras las elecciones municipales de ese año, se crearon 11 nuevos municipios en territorios con más de 2.000 habitantes. En 2017 y 2018 se crearon otros 13 nuevos municipios, con lo que el número actual asciende a 125.

Los municipios están gobernados por un consejo local formado por cinco miembros, cuyo presidente se conoce como alcalde y los otros cuatro miembros como concejales. Son elegidos por sufragio directo al mismo tiempo que las autoridades departamentales.

COOPERACIÓN HORIZONTAL: De acuerdo con las disposiciones de la Constitución, en 1997 se estableció formalmente un Congreso Departamental (Congreso de Intendentes). Este Congreso proporciona un espacio para que los intendentes discutan temas comunes y desarrollen posiciones políticas unificadas, especialmente frente al gobierno nacional. Sin embargo, esta capacidad rara vez se traduce en una colaboración concreta entre departamentos a nivel territorial.

En 2013, el Congreso Departamental aprobó la creación de unPlenario Nacional de Municipios con el objetivo de promover la cooperación entre municipios. Este Plenario, que reúne a los 125 municipios del país, está dirigido por un consejo ejecutivo multipartidario (Mesa permanente del plenario de municipios) compuesto por nueve alcaldes electos. Al igual que el congreso departamental, es principalmente un espacio de intercambios y debates entre municipios, con escaso impacto en la colaboración operativa.

Las responsabilidades de los gobiernos departamentales están definidas principalmente por la Ley Orgánica Municipal, adoptada en 1935 y, más recientemente, por el Art. 13 de la mencionada Ley nº 19 272 de Descentralización Política y Participación Ciudadana. La ley excluye de la esfera del gobierno local el servicio de seguridad pública y todas las disposiciones constitucionales que definen directamente las competencias tanto de los organismos nacionales como de las entidades o servicios desconcentrados. Las recientes reformas han llevado a la asignación de nuevas responsabilidades a los departamentos en las áreas de gestión de la tierra, políticas sociales, sanidad, educación y agricultura.

Los municipios rinden cuentas anualmente a su departamento; colaboran en la recaudación de los ingresos departamentales; asisten a los organismos públicos en la gestión territorial y colaboran en las políticas públicas nacionales de acuerdo con el gobierno departamental y el ejecutivo. Hay varios ámbitos en los que las competencias de los gobiernos locales no están claramente definidas, pero las autoridades locales pueden manifestar su interés institucional y contribuir a la programación y a la elaboración de políticas (Art. 13 de la Ley nº 19 272).

Principales ámbitos y subámbitos de responsabilidad
ÁMBITOS Y SUBÁMBITOS	Nivel regional	Nivel municipal
1. Servicios públicos generales (administración)	Administración interna	Administración interna
2. Orden público y seguridad
3. Asuntos económicos/transporte	Tránsito y carreteras; Gestión de carreteras; Transporte departamental y urbano;Promover el desarrollo de la agricultura, la ganadería, la industria y el comercio	Red viaria; Señalización y control del tráfico; Medidas conformes para el desarrollo de la ganadería, la industria o el turismo en coordinación con los Departamentos; Dictamen, propuesta y asistencia en la gestión de proyectos de desarrollo local;Colaborar en las directrices sobre ferias y mercados
4. Protección del medio ambiente	Protección del medio ambiente y desarrollo sostenible de los recursos naturales; Recogida de residuos	Protección del medio ambiente;Programas de educación medioambiental;Mantenimiento de zonas verdes;Gestión de las aguas pluviales;Medidas urgentesen colaboración con el Gobierno Nacional en caso de accidentes, incendios,inundaciones y otras catástrofes naturales;Recogida y eliminación final de los residuosque le asigne el departamento.
5. Vivienda y servicios comunitarios	Construcción y vivienda (parte de su ejecución y regulación); Planificación territorial y urbana; Limpieza viaria; Alumbrado público; Saneamiento; Cementerios	Mantenimiento de obras públicas; Mejora de bienes y edificios;Alumbrado público; Limpieza viaria; Espacios públicos; Cementerios
6. Salud	Higiene y salud públicas	Programas zonales de salud e higiene
7. Cultura y ocio	Bibliotecas; Museos; Exposiciones; Viveros; Teatro; Música;Deportes; Jardines; Zoológicos; Planetarios	Programas sociales y culturales, atendiendo a las propuestas de otros organismos sociales
8. Educación
9. Protección social	Actividades y políticas para grupos de población específicos (mujeres, niños,jóvenes, ancianos y personas con discapacidad)

Alcance de los datos financieros: gobiernos departamentales y municipales

Ministerio de Finanzas y TerritorioObservatorio de Uruguay

Disponibilidad de datos financieros: Media

Calidad/fiabilidad de los datos financieros: Media

INTRODUCCIÓN GENERAL: Las disposiciones financieras relativas a los departamentos se encuentran en la Constitución, en particular en los artículos 214, 273, 275 y 298. Los departamentos se financian mediante ingresos propios o transferencias del gobierno nacional o de otros organismos. La mayor parte de los recursos propios de los departamentos proceden de impuestos y tasas. La Constitución otorga al órgano legislativo departamental la posibilidad de crear impuestos y tasas específicos. La Ley nº 19 272 regula directamente las finanzas municipales, estableciendo que los municipios sólo pueden gestionar recursos financieros, no crearlos. La Ley también establece que los departamentos deben prever en su presupuesto una asignación para los municipios.

Gasto de los gobiernos subnacionales según la clasificación económica
2020	Dólares PPA / habitante	% PIB	% gobierno general	% gobierno subnacional
Gasto total	729	3.2%	12.3%	100.0%
Incl. gastos corrientes	616	2.7%	11.0%	84.5%
Gastos de personal	347	1.5%	18.0%	47.7%
Consumo intermedio	187	0.8%	-	25.7%
Gastos sociales	-	-	-	-
Subvenciones y transferencias corrientes	39	0.2%	3.0%	5.4%
Gastos financieros	20	0.1%	3.0%	2.8%
Otros	22	0.1%	34.4%	3.0%
Incl. gastos de capital	113	0.5%	33.7%	15.5%
Transferencias de capital	-	-	-	-
Inversión directa (o FBCF)	113	0.5%	33.7%	15.5%

GASTOS: El gasto total de las administraciones subnacionales representa el 3,2% del PIB y el 12,3Gasto de los GSN según la clasificación económica en % del gasto del gobierno general. Los gastos corrientes representan la parte principal de los gastos de las administraciones subnacionales (84,5%) en 2020, frente al 15,5% dedicado a los gastos de capital. Con un 47,7% del importe total de los gastos corrientes, los sueldos y salarios representan la mayor parte de los gastos corrientes, seguidos de los gastos en bienes y servicios (consumos intermedios) con un 25,7%.

INVERSIÓN DIRECTA: En 2020, la inversión de los gobiernos subnacionales representó el 33,7% de la inversión pública total y el 0,5% del PIB. Mientras que la inversión directa de los gobiernos subnacionales ha aumentado de forma constante entre 2006 y 2016, la proporción del gasto de capital de los gobiernos subnacionales en el gasto total se ha mantenido estable en torno al 15% en los últimos cuatro años.

Como parte de su política de apoyo a la inversión en infraestructuras, el Gobierno central ha definido un plan de obras públicas 2015-2019 que ha abierto oportunidades para establecer asociaciones público-privadas (APP). Las APP están reguladas por la Ley 18.786 adoptada en 2011 y los Decretos 17/012, 280/012 y 251/015.

Según este marco normativo, los contratos de APP pueden ser iniciados por una entidad pública interesada en emprender el proyecto, incluidos los proveedores de servicios descentralizados (telecomunicaciones, puertos, energía, vivienda, etc.), los organismos autónomos (banco central, universidades, ferrocarriles, etc.) y los gobiernos departamentales. Las APP sólo pueden aplicarse en Uruguay cuando un análisis previo haya determinado que ninguna otra forma de contratación es más adecuada para alcanzar los objetivos de las políticas públicas. Además, el marco normativo prohíbe explícitamente las APP en los sectores del agua y el riego y las limita a proyectos específicos cuando están relacionados con la educación, la salud y la seguridad.

Gasto público subnacional por clasificación funcional
2020	Dólares PPA / habitante	% PIB	% gobierno general	% gobierno subnacional
Gasto total por función económica	729	3.2%	-	100.0%
1. Servicios públicos generales	265	1.2%	11.5%	36.3%
2. Defensa	-	-	-	-
3. Orden público y seguridad	15	0.1%	3.2%	2.0%
4. Asuntos económicos/transporte	188	0.8%	40.9%	25.7%
5. Protección del medio ambiente	45	0.2%	53.5%	6.1%
6. Vivienda y servicios comunitarios	145	0.6%	66.9%	19.9%
7. Salud	1	0.0%	0.2%	0.1%
8. Ocio, cultura y religión	44	0.2%	64.2%	6.0%
9. Educación	1	0.0%	0.1%	0.1%
10. Protección social	26	0.1%	1.5%	3.6%

El gasto de los gobiernos subnacionales se destina principalmente a la prestación de servicios públicos, que representa el 36,3% del gasto total, seguido de asuntos económicos y vivienda y servicios comunitarios, que representan el 25,7% y el 19,9% respectivamente. En 2020, la protección del medio ambiente representa el 6,1% de los gastos subnacionales, lo que supone un descenso respecto a 2016 (11,4%), mientras que los recursos financieros destinados a ocio, cultura y religión se han mantenido casi estables (6,1% en relación a 6,8%). Por otro lado, la defensa y la seguridad, así como la sanidad y la educación son gastos realizados exclusivamente a nivel nacional.

Ingresos de los gobiernos subnacionales por categoría
2020	Dólares PPA / habitante	% PIB	% gobierno general	% gobierno subnacional
Ingresos totales	716	3.1%	13.6%	100.0%
Ingresos fiscales	346	1.5%	4.0%	48.3%
Donaciones y subvenciones	188	0.8%	-	26.2%
Tarifas y tasas	95	0.4%	-	13.2%
Ingresos provenientes de los activos	33	0.2%	-	4.7%
Otros ingresos	54	0.2%	-	7.5%

DESCRIPCIÓN GENERAL: En 2020, los ingresos de los gobiernos subnacionales representan el 3,1% del PIB y el 13,6% de los ingresos públicos totales. Los ingresos fiscales y las donaciones y subvencionesrepresentan el 48,3% y el 26,2% de los ingresos de los gobiernos subnacionales, respectivamente. Las donaciones y subvencionesconsisten en subvenciones generales del gobierno central basadas en disposiciones constitucionales y leyes, y transferencias asignadas a sectores específicos, principalmente de la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP) y los ministerios competentes.

Sólo los departamentos tienen potestad para recaudar impuestos, los municipios no. Los recursos de los municipios proceden de transferencias de tres fuentes: 1) asignaciones presupuestarias que los gobiernos departamentales prevén en los correspondientes programas presupuestarios quinquenales para los municipios; 2) recursos asignados por el presupuesto nacional al Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal (FIGM); y 3) donaciones o legados.

INGRESOS FISCALES: El gobierno nacional fija los tipos impositivos de la mayoría de los impuestos subnacionales. La Constitución establece tres impuestos principales que se recaudan a nivel departamental: el impuesto sobre bienes inmuebles (rurales, urbanos y suburbanos), que grava la propiedad inmobiliaria según el valor catastral; un permiso de circulación sobre ruedas para todos los propietarios de un vehículo de motor; y unimpuesto sobre la ventay sacrificio de ganado (impuestos a remates y ventas de semovientes). Los departamentos fijan los tipos del impuesto sobre bienes inmuebles urbanos y suburbanos, mientras que el gobierno nacional se encarga de fijar los tipos del impuesto sobre bienes inmuebles rurales. Desde 2011, se ha establecido un sistema único unificado para la recaudación de los ingresos de los vehículos (SUCIVE), que estandariza los importes de los impuestos en todos los departamentos. El gobierno nacional se encarga de la gestión y el funcionamiento del sistema. Otros impuestos recaudados a nivel local incluyen el alumbrado público y las actividades comerciales e industriales.

SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS: Las transferencias totales del gobierno central a los gobiernos subnacionales ascienden al 0,8% del PIB y representan el 26,2% de los ingresos subnacionales en 2020.

La Ley Nº 18 355 establece que el 3,33% del Presupuesto Nacional se destina a los gobiernos departamentales. El Fondo de Desarrollo Interior (FDI) es una fuente de financiación alternativa, basada en proyectos, creada en 2015 por la Ley nº 19 337. Las transferencias restantes a los departamentos proceden de subvenciones para alumbrado público, carreteras y el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS). También se conceden fondos para la unificación de patentes y la Ley de Subastas y Ganadería, que paga el gobierno central en nombre del departamento. (Ley nº 19 272).

Además, el gobierno central asigna fondos específicos a los municipios a través del Fondo de Incentivos a la Gestión Municipal creado por la Ley nº 19.272.

OTROS INGRESOS:En 2020, las tarifas y tasas corresponden al 13,2% de los ingresos de los gobiernos subnacionales, lo que supone un aumento de más de 5 puntos porcentuales respecto a 2016 (8%). Por orden de importe recaudado, las tasas incluyen los servicios de tránsito, saneamiento, administración, planificación urbana, seguridad, cementerios y servicios relacionados, y otras fuentes.

Las rentas de la propiedad recaudadas por los departamentos incluyen los subsidios, los precios, las multas y los recargos, así como la producción de las actividades comerciales e industriales. Las rentas de la propiedad representan el 4,7% del total de los ingresos subnacionales en 2020, frente al 10,3% en 2016.

Normas presupuestarias y deuda de los gobiernos subnacionales
2020	Dólares PPA / inh.	% PIB	% deuda pública general	% Deuda SNG	% Deuda financiera SNG
Deuda pendiente total	1	0.01%	0.1%	100.0%	-
Deuda financiera	1	0.01%	0.1%	100.0%	100.0%
Dinero legal y depósitos	-	-	-	-	-
Bonos/Títulos de deuda	-	-	-	-	-
Préstamos	-	-	-	-	-
Seguros, pensiones	-	-	-	-	-
Otras cuentas por pagar	-	-	-	-	-

NORMAS PRESUPUESTARIAS: Según el artículo 301 de la Constitución, los gobiernos departamentales pueden tomar fondos prestados previa aprobación del consejo departamental. Además, la Constitución también establece que la acumulación de préstamos requiere la aprobación parlamentaria y garantías de respaldo del gobierno nacional.

En 2016, la aprobación de la Ley nº 17.947 estableció el marco legal para fijar un techo nacional anual de contracción de la deuda.

DEUDA: El cuadro muestra el endeudamiento de los gobiernos departamentales, que refleja la deuda contraída por los departamentos con bancos y proveedores. En 2020, la deuda viva total de los gobiernos subnacionales representa el 0,01% del PIB, lo que supone un fuerte descenso respecto a 2016.

GESTIÓN TERRITORIAL DE LA CRISIS: La nueva administración del gobierno central tuvo que hacer en relación a la crisis sanitaria sólo dos semanas después de llegar al poder. La estrategia del gobierno se centró en el confinamiento voluntario de la población junto con la restricción de actividades en áreas como la educación, el ocio, el comercio y las fronteras, lo que redujo significativamente la movilidad, al menos en los primeros meses de la pandemia. En diciembre de 2020, cuando el número de contagios empezó a crecer exponencialmente, el parlamento aprobó una ley que reinterpreta el artículo 38 de la constitución, que hace referencia al derecho de reunión pacífica. La ley faculta a la policía -en coordinación con las autoridades sanitarias y las administraciones locales- a disolver las reuniones públicas que no respeten las medidas de distanciamiento social del gobierno durante un periodo de 60 días.

El 13 de marzo de 2020, el gobierno declaró el "estado de emergencia sanitaria", que no restringe legalmente el funcionamiento de las instituciones gubernamentales ni la práctica de las libertades civiles. Las medidas adoptadas por los poderes ejecutivo y legislativo siguieron los procedimientos habituales. Durante el mes de marzo, el presidente firmó unos 15 decretos que restringían las actividades públicas y empresariales.

Las elecciones subnacionales, previstas para el 10 de mayo de 2020, tuvieron que ser suspendidas debido a la emergencia de la pandemia de coronavirus. Una ley votada por todos los partidos en el parlamento otorgó al Tribunal Electoral el poder de posponer estas elecciones que finalmente se celebraron el 27 de septiembre de 2020 bajo estrictos protocolos de seguridad sanitaria.

MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA HACER FRENTE A LA CRISIS EN LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO: En respuesta a la pandemia del COVID-19, el gobierno central aseguró la disponibilidad de recursos para enfrentar la emergencia, a través de medidas de reducción del gasto público y reasignación de recursos para financiar la respuesta temporal a la crisis sanitaria. En este sentido, el Ejecutivo emitió el Decreto 133/020 del 24 de abril de 2020, reglamentario de la Ley No. 19 874, creó el Fondo Solidario COVID-19 para financiar y atender todas las actividades gubernamentales dirigidas a la protección de la población en el contexto de la emergencia sanitaria nacional. Al Fondo Solidario se le asignaron los ingresos totales recaudados a través del impuesto de emergencia sanitaria COVID-19 (un impuesto aplicado durante tres meses a los salarios de los jefes de los tres poderes del Estado y de la alta burocracia gubernamental); un porcentaje de las ganancias generadas por la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) y el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU); así como préstamos concesionales de organismos multilaterales (el Banco Interamericano de Desarrollo transfirió 400 millones de USD y mantuvo abierta una línea por 1.000 millones de USD).

El Fondo de Solidaridad coordinó las ayudas para proteger a la población en materia de medidas sanitarias (prevención, mitigación, tratamiento y rehabilitación), así como las medidas de apoyo a los más vulnerables, al sector productivo y al empleo. Esto incluía el pago de prestaciones sociales en caso de desempleo y enfermedad, y subsidios y desgravaciones fiscales en caso de reducción del empleo. En 2021, esto incluía también la indulgencia fiscal en apoyo de las mipymes. En febrero de 2021, el Fondo de Solidaridad COVID-19 había gastado 700 millones de dólares desde el inicio de la pandemia (1% del PIB), con otros 550 millones destinados a cubrir los préstamos del Sistema Nacional de Garantía.

Se tomaron otras medidas para mitigar el impacto de la pandemia en los ingresos de las personas en situación de vulnerabilidad económica estructural. El gobierno central aumentó temporalmente las transferencias monetarias que reciben los beneficiarios del programa de Asistencia Familiar del Plan de Equidad (AFAM-PE) y de la Tarjeta Uruguay Social, una tarjeta alimentaria para hogares de bajos ingresos. Además, el gobierno central puso en marcha el programa Canasta Alimentaria de Emergencia para desempleados y trabajadores informales no cubiertos por los programas de asistencia social existentes, que reciben las transferencias a través de un monedero electrónico. Se flexibilizó el acceso al seguro de desempleo y se creó un seguro de desempleo parcial para ayudar a los trabajadores de empresas cuya actividad se redujo. Se amplió temporalmente el acceso al Fondo Nacional de Asistencia Sanitaria para los trabajadores despedidos. A partir de 2021, las mipymes contaron con importantes garantías financieras del gobierno, exenciones fiscales y préstamos en condiciones favorables.

EFECTOS DE LA CRISIS EN LAS FINANZAS DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES: La ralentización de las actividades económicas debida a la pandemia ha tenido un impacto significativo en la situación económica y social del país. Ha provocado una caída de los ingresos fiscales y un aumento del gasto público en los distintos niveles de gobierno. Sin embargo, la falta de información no permite evaluar con precisión los efectos sobre las finanzas de los gobiernos subnacionales.

PLANES DE ESTIMULACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL: En marzo de 2021, el gobierno anunció una prórroga de algunas de las medidas de emergencia adoptadas en marzo de 2020 como parte del paquete de medidas de emergencia del gobierno, incluida una prórroga de las garantías crediticias, el seguro de desempleo y la desgravación fiscal para las pequeñas empresas; un aumento del apoyo a los más vulnerables; y una prórroga de los incentivos a la inversión. En abril de 2021, el gobierno anunció planes para gastar 900 millones de USD (1,6% del PIB) en medidas relacionadas con el COVID-19 durante 2021. También complementó las medidas existentes con una suspensión de seis meses de las cotizaciones a la seguridad social para las PYME de los sectores más afectados por la pandemia (por ejemplo, turismo, hoteles, restaurantes, etc.).