REPÚBLICA CHECA

Según la Constitución de 1993, la República Checa es una república parlamentaria. El Parlamento es bicameral y consta de una cámara alta, el Senado, y una cámara baja, la Cámara de Diputados. Los diputados son elegidos cada cuatro años por sufragio universal directo. Los senadores también son elegidos por sufragio universal directo pero por un mandato de seis años y un tercio de los senadores se renueva cada dos años. El Jefe de Estado es el Presidente de la República, elegido por sufragio universal directo para un mandato de cinco años, y el Gobierno está dirigido por el Primer Ministro, nombrado por el Presidente.

El país es un Estado unitario, con un sistema de gobierno subnacional a dos niveles. La Constitución de 1993 reconoció el autogobierno local en el capítulo siete (artículos 99-105) dedicado al "Autogobierno territorial". El artículo 99 establece que la República Checa se subdivide en municipios, que son las unidades básicas de autogobierno territorial, y en regiones en el nivel superior de gobierno subnacional. Según los artículos 100 y 101, las unidades territoriales autónomas son comunidades territoriales de ciudadanos con derecho al autogobierno y serán administradas de forma independiente por su órgano representativo.

Los municipios están gobernados por consejos locales, cuyos miembros eligen al comité municipal, que es el órgano ejecutivo del municipio por un mandato de cuatro años, así como al alcalde a su cabeza (starosta en los municipios más pequeños, y primátor en las ciudades más grandes). Cada región tiene una asamblea regional con miembros elegidos por sufragio universal directo para un mandato de cuatro años. El comité regional es el órgano ejecutivo y está compuesto por el presidente (hejtman), los vicepresidentes y otros miembros elegidos por y entre la asamblea regional por un periodo de cuatro años. Está asistido por una autoridad regional, dirigida por un director.

Desde 1989, se han adoptado varias leyes para regular el sistema de gobierno subnacional, como la Ley Municipal nº 367/1990, que confiere personalidad jurídica a los municipios, restablece la autonomía local y define las responsabilidades, el patrimonio y la financiación municipales. En 1997 se crearon las 14 regiones autónomas mediante la Ley 347/1997, pero no fueron reconocidas como entidades autónomas hasta el año 2000 con la Ley Regional nº 129/2000, que transfería una serie de responsabilidades a las nuevas entidades. Paralelamente, se revisó y aprobó en 2000 una nueva Ley Municipal (Ley nº 128/2000) para definir el marco jurídico, la organización y las responsabilidades de los municipios y la Ley de Finanzas Locales 243/2000, que definió el sistema de financiación regional y municipal basado en el reparto de impuestos.

Las reformas de descentralización continuaron durante los años siguientes, en particular en 2005 y 2013 (reforma fiscal que aumentó los ingresos fiscales municipales). En 2015 tuvo lugar un proceso de recentralización. Algunas competencias municipales se transfirieron de los municipios pequeños a los más grandes (para superar la fragmentación municipal), así como al gobierno central en el marco de la reforma social. Mantener el carácter policéntrico del país fue uno de los objetivos fijados en el Marco Estratégico nacional para 2030, así como mejorar la coordinación y la planificación entre los distintos niveles de gobierno.

La nueva estrategia del gobierno central para la administración pública, fijada en la "Administración Pública Orientada al Cliente 2030", pretende mejorar la calidad de vida y la prosperidad de los ciudadanos a través de cinco objetivos. Los primeros objetivos se aplicarán en el marco del Plan de Acción nacional para 2021-2023. Uno de los objetivos es mejorar la coordinación y la gestión de la administración pública, lo que se logrará mediante una cooperación horizontal reforzada entre los municipios con jurisdicción ampliada. También se promoverá la calidad de la planificación estratégica mediante el desarrollo de métodos, herramientas e innovaciones para el trabajo estratégico. El gobierno también pretende mejorar el funcionamiento de los pequeños municipios, tal y como estipula su declaración política de 2022.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
NIVEL MUNICIPAL	NIVEL INTERMEDIO	NIVEL REGIONAL	NÚMERO TOTAL DE SNG (2021)
6 258 municipios (obce)		14 regiones (krai)
Tamaño promedio municipal 1 710 habitantes
6 258		14	6 272

DESCRIPCIÓN GENERAL: La República Checa tiene un sistema de gobierno subnacional de dos niveles, compuesto por 14 regiones (13 regiones y la ciudad de Praga) y 6 258 municipios en 2021, sin ningún vínculo jerárquico entre ellos. Praga, la capital, tiene un doble estatus como región y como municipio, y sólo cuenta con una asamblea y una junta.

NIVEL REGIONAL: Las 14 regiones son muy diversas en términos de superficie, demografía y desarrollo socioeconómico. El área de cada región se creó a partir del análisis geográfico con respecto a las interacciones especiales entre el núcleo y la periferia. El tamaño demográfico oscilaba entre los 293.000 habitantes de la región de Karlovy Vary, los 1.335.000 de la ciudad de Praga y los 1.398.000 de Bohemia Central en 2020. El PIB regional per cápita de la región de Praga era 3,5 veces superior al de la región de Karlovy Vary en 2020, y dos veces superior al PIB regional per cápita medio, lo que refleja las grandes disparidades regionales del país. El área metropolitana de Praga, rodeada por la región de Bohemia Central, representa la mayor área urbana funcional del país. Juntas reúnen al 25,5% de la población nacional y representan el 38,6% del PIB nacional en 2020. En conjunto, más de la mitad de las regiones (53,7%) comprendían entre 200 y 999 municipios en su territorio en 2019 y el 23,7% incluía más de 1.000 municipios (de los cuales el 0,1% incluía más de 100.000 municipios), lo que pone de manifiesto la elevada fragmentación territorial del país.

Antes de la reforma de descentralización de 2000-2002, existía una administración territorial estatal formada por distritos (okres). Una reforma, en vigor desde enero de 2003, sustituyó las oficinas de distrito por municipios con competencias ampliadas (véase más abajo), que asumieron la mayoría de sus funciones. Sin embargo, los antiguos distritos siguen existiendo como unidades territoriales y siguen siendo sedes de algunas de las oficinas, especialmente tribunales, policía y archivos. La Ley de División Territorial del Estado, aprobada en 2020 y en vigor desde 2021, pretende simplificar el sistema de administración territorial del Estado, completando la transición del sistema de distritos a la delegación de funciones a nivel municipal.

NIVEL MUNICIPAL: El nivel municipal (obce) incluye varias categorías, compuestas por 5 418 municipios, 581 ciudades (mĕsto), 31 ciudadesestatutarias (statutarni mĕsto) y 228 ciudades de mercado (mĕstys) en 2021. El estatus de ciudad se otorga a los municipios de más de 3.000 habitantes. Las ciudades estatutarias tienen un estatus especial otorgado por una ley del Parlamento, que les permite definir sus propios estatutos y su organización interna. En particular, son libres de establecer distritos a nivel submunicipal con su propio alcalde, consejo y asamblea.

La ciudad de Praga tiene un estatus especial definido por la Ley nº 131/2000 modificada. Además de los representantes elegidos directamente en toda la ciudad siguiendo el sistema de regiones, la ciudad está dividida en 22 distritos y 57 barrios autónomos (algunos de los cuales son también distritos), cada uno compuesto por su propio consejo local elegido. Los miembros del consejo eligen entonces al alcalde y al comité municipal.

El territorio checo está muy fragmentado, debido a una ley aprobada a principios de los años 90 que permitía la escisión de municipios. Al contrario que en muchos países de la OCDE, donde las fusiones han ido en aumento, la fragmentación municipal aumentó bruscamente hasta el año 2000 (de 4.100 municipios en 1990 a 6.230 en 1994). En 2021, el tamaño municipal medio era el menor de los países de la OCDE (1 710 habitantes por municipio de media), muy por debajo de la media de la OCDE (10 250 habitantes) y de la UE (5 960 habitantes). Mientras que el tamaño medio es de 442 habitantes, el 95,7% de los municipios tenían menos de 5.000 habitantes y el 88,6% de los municipios menos de 2.000 habitantes en 2021. La tendencia al aumento de la fragmentación se detuvo con la Ley de Municipios de 2000, que introdujo el requisito de un mínimo de 1.000 habitantes para crear un nuevo municipio e incluye una opción para las fusiones municipales voluntarias; aunque existe poco ímpetu para tal proceso. Muchos municipios están en contra de las fusiones. Para minimizar los efectos de la fragmentación municipal, la Ley de Municipios de 2000 también promueve la cooperación intermunicipal en forma de contratos para el desempeño de determinadas funciones, asociaciones municipales voluntarias y la creación de "asociaciones de interés mutuo de personas jurídicas".

COOPERACIÓN HORIZONTAL: La cooperación intermunicipal sobre una base voluntaria es habitual para hacer frente al alto nivel de fragmentación del país en lugar de las fusiones. Así se ha recordado en la declaración política de 2022 del gobierno. En 2019 había más de 790 estructuras de cooperación intermunicipal activas en los ámbitos de la educación, la asistencia social, la sanidad, la cultura, el medio ambiente y el turismo. Alrededor del 90% de los municipios participan en alguna forma de cooperación. Sin embargo, la cooperación intermunicipal carece de estabilidad. A menudo depende de fuentes de financiación externas temporales y se centra en proyectos de inversión puntuales en lugar de en la prestación de servicios públicos continuos, lo que reduce la eficacia de dicha cooperación.

La cooperación intermunicipal puede adoptar la forma de asociación voluntaria de municipios. Los ingresos de las asociaciones proceden principalmente de las cuotas de los miembros, las tasas a los usuarios y las subvenciones. Cada vez hay más asociaciones voluntarias de municipios con fines múltiples, que constituyen otra forma de cooperación. Estas asociaciones polivalentes pretenden facilitar la coordinación entre municipios en una amplia gama de competencias para beneficiarse de las economías de escala, incluyendo la planificación estratégica, la prestación de servicios públicos (por ejemplo, educación, bienestar social, gestión de residuos), la protección del medio ambiente, las actividades sociales y culturales y el apoyo administrativo a los municipios miembros.

A nivel regional también se refuerza la cooperación. Las regiones se agrupan con el objetivo de poder optar a los fondos estructurales de la UE dado su mayor tamaño. La Asociación de Regiones, creada en 2001 (es decir, un año después de la creación de las regiones), también facilita la cooperación y el diálogo entre las regiones y el gobierno central.

Las leyes municipales y regionales, ambas modificadas en 2002, establecen una distinción entre las responsabilidades autónomas y delegadas de los gobiernos subnacionales.

Aunque los municipios tienen el mismo estatus, las competencias delegadas no son las mismas para todos ellos. El gobierno estableció un sistema de delegación asimétrico y complejo en función del tamaño y la capacidad de los municipios. Existen tres categorías: en el nivel superior, hay una red de 205 municipios con "competencias ampliadas" (ORP) que cumplen varias funciones administrativas delegadas por el gobierno central en nombre de los municipios circundantes más pequeños (por ejemplo, registros civiles, expedición de documentos de identidad, permisos de conducir y licencias; coordinación de la prestación de servicios sociales). En el nivel intermedio, hay 338 municipios con una "autoridad municipal autorizada" que desempeñan funciones delegadas pero a menor escala (por ejemplo, autoridad de construcción, oficina de registro, asistencia social, administración de tumbas de guerra, agenda específica sobre medio ambiente y agricultura). En el nivel inferior, los municipios tienen competencias delegadas básicas (por ejemplo, elecciones, registros de población, gestión del agua, carreteras, infracciones). Los municipios más pequeños también pueden delegar funciones adicionales a la ORP si no quieren prestar, o no pueden prestar por su falta de capacidad, servicios específicos. Algunas competencias municipales se están reasignando actualmente de los municipios pequeños a los más grandes y al gobierno central en el marco de la Reforma Social.

Los municipios tienen muchas competencias en casi todas las áreas de actividad: asuntos económicos y transporte, protección del medio ambiente, educación, bienestar social, desarrollo urbano, servicios públicos, etc. Las competencias regionales incluyen la educación secundaria superior, las carreteras regionales y el transporte público, el desarrollo y la planificación económica y la sanidad.

Principales ámbitos y subámbitos de responsabilidad
ÁMBITOS Y SUBÁMBITOS	Nivel regional	Nivel municipal
1. Servicios públicos generales (administración)	Administración regional	Administración municipal; Tareas administrativas delegadas (registro civil)
2. Orden público y seguridad	Seguridad contra incendios; Prevención de la delincuencia	Lucha contra incendios y prevención; Policía municipal
3. Asuntos económicos/transporte	Red de carreteras; Transporte público regional; Turismo; Desarrollo económico regional; Cohesión (consejos regionales de cohesión)	Transporte público; Carreteras secundarias y locales; Desarrollo económico local
4. Protección del medio ambiente	Protección de la fauna y la flora	Gestión y tratamiento del agua (sólo PRL); Calefacción urbana; Gestión de residuos (sólo PRL); Protección del medio ambiente
5. Vivienda y servicios comunitarios	Planificación (aprobación de documentos de planificación y zonificación a nivel regional)	Desarrollo y planificación local; Cementerios; Espacios públicos; Vivienda
6. Salud	Establecimiento y gestión de hospitales regionales; Residencias de ancianos; Supervisión de la calidad de la atención de los proveedores privados de asistencia sanitaria; Servicios de urgencias; Instituciones de cuidados de larga duración; Instalaciones para adultos y niños discapacitados	Prestación de servicios sanitarios primarios (centros médicos y médicos)
7. Cultura y ocio	Deporte (financiación)	Cultura; Deporte
8. Educación	Educación secundaria superior	Enseñanza preescolar, primaria y secundaria inferior (excluidos los salarios de los profesores)
9. Protección social	Juventud (financiación); Servicios sociales	Administración de prestaciones sociales en nombre del gobierno central; Asistencia social; Política de juventud; Hogares de jubilados; Hogares para discapacitados

Ámbito de los datos financieros: oficinas regionales, municipios y ayuntamientos, mancomunidades, consejos regionales de cohesión, regiones, organizaciones locales semipresupuestarias, instituciones sin ánimo de lucro, sociedades públicas no financieras y financieras.

SCN 2008

Disponibilidad de datos financieros: Alta

Calidad/fiabilidad de los datos financieros: Alta

INTRODUCCIÓN GENERAL: Aunque la autonomía fiscal ha aumentado en las últimas décadas para complementar la descentralización política, los fondos del gobierno central se asignan a menudo de forma que limitan la independencia y la elaboración de políticas locales. Los gobiernos subnacionales tienen escasa autonomía fiscal y de gasto. La fragmentación municipal también limita su capacidad de gasto, tal y como estipula la Ley nº 138/2006.

Gasto de los gobiernos subnacionales según la clasificación económica
	Dólares PPA / habitante	% PIB	% gobierno general	% gobierno subnacional
Gasto total	5 495	13.1%	27.7%	100.0%
Incl. gastos corrientes	4 414	10.5%	25.5%	80.3%
Gastos de personal	2 418	5.8%	51.7%	44.0%
Consumo intermedio	1 229	2.9%	48.1%	22.4%
Gastos sociales	123	0.3%	1.6%	2.2%
Subvenciones y transferencias corrientes	617	1.5%	28.4%	11.2%
Gastos financieros	10	0.0%	2.9%	0.2%
Otros	17	0.0%	31.1%	0.3%
Incl. gastos de capital	1081	2.6%	42.3%	19.7%
Transferencias de capital	120	0.3%	24.6%	2.2%
Inversión directa (o FBCF)	961	2.3%	46.4%	17.5%

GASTOS: A pesar del proceso de descentralización, el gasto del gobierno subnacional en la República Checa está por debajo de la media de la OCDE (17,1% del PIB y 36,6% del gasto público en 2020), así como de la media de la UE27 (18,3% del PIB y 34,3% del gasto público). La proporción del gasto de personal en el gasto de los gobiernos subnacionales es significativa (44,0% frente al 34,4% de la OCDE en 2020 y el 32,1% de la UE) y el gasto de personal de los gobiernos subnacionales representó más de la mitad del gasto público de personal, un nivel en línea con la media de la UE27 (53,6%). Los poderes discrecionales de los gobiernos subnacionales son limitados, ya que una parte importante del gasto se realiza en nombre del gobierno central, que determina los salarios de los empleados de los gobiernos locales. El gasto regional no ha dejado de crecer desde la creación de las regiones en 2000, ya que han ido adquiriendo más responsabilidades de gasto y recursos gracias al proceso de descentralización. En 2020, representaban el 47,8% del gasto público subnacional (el 13,2% del gasto público, es decir, el 6,2% del PIB), mientras que los municipios representaban el 52,2% restante (el 14,5% del gasto público, es decir, el 6,8% del PIB).

INVERSIÓN DIRECTA: Los gobiernos subnacionales tienen un papel clave en la inversión pública. Sin embargo, este papel ha disminuido en los últimos años, especialmente durante la crisis de los Covid-19, en la que se ralentizó la actividad inversora. La inversión de los gobiernos subnacionales representó el 2,6% del PIB y el 42,3% de la inversión pública en 2020, lo que está por debajo de las medias de la OCDE y de la UE como porcentaje de la inversión pública (54,6% y 54,4% respectivamente en 2020), pero por encima en términos de porcentaje del PIB (1,9% y 1,8% respectivamente). La inversión de los gobiernos subnacionales representó el 19,7% del gasto de los gobiernos subnacionales en 2020, frente al 12,8% en 2016. En 2020, la mayoría de las inversiones de los gobiernos subnacionales se dedicaron a asuntos económicos y transportes (30,7%), educación (25,6%), protección medioambiental (12,2%) y ocio, cultura y religión (11,5%). Tal y como establece el Plan Nacional de Inversiones para 2020-2050, presentado en diciembre de 2019 tras consultar a los representantes de las ciudades, las regiones y los ministerios, la inversión en infraestructuras de transporte (por ejemplo, conexiones por carretera) ocupa el centro de las prioridades (más del 75% de los proyectos de inversión).

La ley checa de construcción permite, desde 2012, que los municipios firmen contratos de desarrollo con promotores para cofinanciar infraestructuras técnicas y de transporte; sin embargo, sigue siendo una práctica poco habitual. Las regiones representaron el 35,7% de la inversión pública subnacional en 2020, el 0,9% del PIB y el 15,1% de la inversión pública total. A pesar del creciente papel de las regiones en la inversión, el nivel municipal siguió siendo el principal inversor del gobierno subnacional con el 64,3% de la inversión del gobierno subnacional en 2020 (es decir, el 01,7% del PIB y el 27,2% de la inversión pública). La inversión per cápita en los municipios pequeños (menos de 500 habitantes) representa sin embargo menos de la mitad de la inversión per cápita en los municipios medianos (5 000-10 000 habitantes), así como en los municipios grandes (más de 100 000 habitantes). Los municipios pequeños adolecen de falta de competencias y de capacidad administrativa para abordar proyectos de inversión complejos.

Se promueve la cooperación entre los distintos niveles de gobierno en lo que respecta a las inversiones estratégicas. El Comité de Política Regional del gobierno facilita la coordinación entre los ministerios, las regiones y los municipios para garantizar que los proyectos de inversión contribuyan a reducir las grandes disparidades regionales que existen en el país. También se potencia la cooperación entre las áreas metropolitanas y las conurbaciones a través de las Inversiones Territoriales Integradas. Este nuevo instrumento basado en el lugar tendrá como objetivo delegar más la toma de decisiones a los gobiernos locales en materia de inversión, además de las herramientas de desarrollo local dirigido por la comunidad (CLLD).

Gasto público subnacional por clasificación funcional
	Dólares PPA / habitante	% PIB	% gobierno general	% gobierno subnacional
Gasto total por función económica	5 084	11.7%	-	100.0%
1. Servicios públicos generales	565	1.3%	28.4%	11.1%
2. Defensa	2	0.0%	0.6%	0.0%
3. Orden público y seguridad	88	0.2%	10.7%	1.7%
4. Asuntos económicos/transporte	876	2.0%	32.3%	17.2%
5. Protección del medio ambiente	296	0.7%	79.9%	5.8%
6. Vivienda y servicios comunitarios	218	0.5%	71.1%	4.3%
7. Salud	661	1.5%	15.0%	13.0%
8. Ocio, cultura y religión	360	0.8%	57.6%	7.1%
9. Educación	1 556	3.6%	49.3%	30.6%
10. Protección social	463	1.1%	8.3%	9.1%

La mayor categoría de gasto de los gobiernos subnacionales en 2019 es, con diferencia, la educación (30,6%), que representó casi la mitad del gasto público total en este sector. La segunda área de gasto más importante es la de asuntos económicos (17,2%), en particular el transporte, seguida de la sanidad (13%) y los servicios públicos generales (11,1%). La proporción de la sanidad en el gasto de los gobiernos subnacionales ha aumentado significativamente desde 2013, a medida que se ha intensificado la descentralización de la sanidad. Además, se espera que el gasto sanitario siga aumentando en los próximos años debido a la pandemia y al envejecimiento de la población. Los gobiernos subnacionales son responsables del 79,9% del gasto público total en políticas de protección medioambiental, así como del 71,1% en el sector de la vivienda y los servicios comunitarios. Más de la mitad del gasto en ocio, cultura y religión se realiza a nivel subnacional (57,6%). Tal y como se recoge en la Declaración Política del Gobierno para 2022, la cultura se potenciará a nivel regional y municipal, especialmente en las ciudades que opten al título de "capital europea de la cultura".

Ingresos de los gobiernos subnacionales por categoría
	Dólares PPA / habitante	% PIB	% gobierno general	% gobierno subnacional
Ingresos totales	5 688	13.5%	32.5%	100.0%
Ingresos fiscales	2 355	5.6%	28.0%	41.4%
Donaciones y subvenciones	2 657	6.3%	-	46.7%
Tarifas y tasas	599	1.4%	-	10.5%
Ingresos de activos	63	0.2%	-	1.1%
Otros ingresos	15	0.0%	-	0.3%

DESCRIPCIÓN GENERAL: Según la Ley 243/2000 de Finanzas Locales, los gobiernos subnacionales se financian mediante una mezcla de impuestos y transferencias intergubernamentales del gobierno central. Aunque los ingresos fiscales representan una fuente importante de ingresos de los gobiernos subnacionales, y en particular de los municipios, éstos tienen poca autonomía sobre sus ingresos, ya que la mayoría de los impuestos son compartidos. En conjunto, el 62,6% de los ingresos de los municipios procede de los impuestos, mientras que en el caso de las regiones el 59,5% de los ingresos procede de subvenciones y transferencias.

INGRESOSFISCALES: Los ingresos fiscales de los gobiernos subnacionales representaron una parte importante de los ingresos de los gobiernos subnacionales en 2020 (41,4%), cerca de la media de la OCDE (42,4%) y de la media de la UE27 (40,1%). Como porcentaje del PIB y de los ingresos fiscales públicos, los ingresos fiscales de los gobiernos subnacionales fueron, sin embargo, ligeramente inferiores a la media de la OCDE (7,2% del PIB y 32,3% de los ingresos fiscales públicos). Las regiones representaron el 42,0% de los ingresos fiscales de los gobiernos subnacionales, mientras que los municipios representaron el 58,0% restante. A pesar de este nivel relativamente elevado, la autonomía fiscal es limitada, ya que los impuestos son en su mayoría compartidos.

Los gobiernos subnacionales se financian a través de una combinación de impuestos compartidos, entre los que se incluyen el impuesto sobre el valor añadido (IVA), el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), el impuesto sobre la renta de las sociedades (IRC) y el impuesto sobre la renta de los trabajadores autónomos. Los ingresos procedentes del IVA, el PIT y el CIT representaron respectivamente el 43,1%, el 31,8% y el 19,5% de los ingresos fiscales de las administraciones subnacionales y el 17,8%, el 13,2% y el 8,1% de los ingresos de las administraciones subnacionales en 2020. Los ingresos fiscales se asignan como porcentaje de los ingresos recaudados y luego se redistribuyen dentro de los gobiernos subnacionales (estado, regiones, municipios y el fondo estatal para infraestructuras de tráfico) según una fórmula compleja. Las cuotas globales para las regiones y los municipios se fijan anualmente. La cuota de cada región se fija en la legislación, con un coeficiente aproximadamente acorde con los costes estimados para prestar los servicios delegados. Debido a las tendencias demográficas cambiantes, existe una presión creciente para la redistribución horizontal de los ingresos entre las regiones. El cálculo para los municipios es más complicado y tiende a favorecer a los municipios pequeños. El tamaño de la población es el criterio principal (88%), siendo el restante el número de niños escolarizados en guarderías y escuelas primarias y el tamaño de la superficie catastral. La ley 609/2020, que modificó algunas leyes fiscales, aumentó las cuotas para las regiones hasta el 9,78% (desde el 8,92%) y para los municipios hasta el 25,84% (desde el 23,58%) en 2021. Este cambio pretendía compensar la disminución del tipo impositivo del PIT y el aumento de los créditos sobre la base imponible en 2020.

Los municipios también recaudan sus propios impuestos, a diferencia de las regiones. Aparte del impuesto sobre la renta de las empresas, que representa una parte ínfima de los ingresos municipales, el impuesto sobre bienes inmuebles es el único que recaudan los municipios. Se basa en el tamaño de la propiedad y no en su valor. Este impuesto, sin embargo, sigue siendo un impuesto menor, que representa el 3,6% de los ingresos fiscales de los gobiernos subnacionales, el 1,5% de los ingresos de los gobiernos subnacionales y el 0,2% del PIB en 2020, uno de los más bajos de la OCDE (1,0% del PIB de media en la OCDE en 2019). En 2009, se introdujo un tipo marginal para dar a los municipios cierta autonomía sobre los tipos impositivos, de modo que pueden aumentar el tipo hasta cinco veces el importe del umbral mínimo. Sin embargo, la mayoría de los municipios tienden a fijar su tipo impositivo local sobre la propiedad en el nivel inferior establecido por el gobierno central, y sólo el 7% de los municipios han hecho uso de la posibilidad de aumentar los tipos impositivos. Los municipios también han establecido una amplia gama de exenciones para este impuesto. En su Declaración Política de 2022, el gobierno anunció que ampliará el margen de maniobra de los municipios para fijar el coeficiente del impuesto sobre bienes inmuebles. También anunció la creación de un nuevo impuesto sobre la minería, que beneficiará a todos los niveles: municipios, regiones y gobierno central.

AYUDAS Y SUBVENCIONES: La principal subvención general para los municipios y las regiones es la contribución para el rendimiento de la administración estatal. Ha aumentado y se ha remodelado en los últimos años. Las transferencias del gobierno central son una fuente importante de financiación de los gobiernos subnacionales, en particular para las regiones. La República Checa no dispone de ninguna subvención de igualación a nivel regional o municipal, pero el sistema de reparto de impuestos induce cierta igualación entre municipios basada en la fórmula antes mencionada. Además, las transferencias asignadas a programas especiales para zonas estructuralmente afectadas (por ejemplo, RE:START en las regiones mineras del carbón) tienen como objetivo reducir los desequilibrios entre regiones o municipios.

En la República Checa existe un complejo sistema de financiación del gobierno central a los gobiernos subnacionales. Las transferencias incluyen cientos de regímenes de subvenciones, en su mayoría asignadas. Las subvenciones suelen proceder del presupuesto nacional o del presupuesto de varios fondos estatales. Las subvenciones para gastos corrientes se basan en una fórmula establecida por el Ministerio del Interior y suelen estar asignadas, en particular para financiar las competencias delegadas (el 91% del total de las subvenciones fueron subvenciones asignadas en 2020). La fórmula para los municipios se basa en su población y en el alcance de las competencias delegadas. Los municipios con competencias ampliadas reciben una transferencia adicional del Estado. Sin embargo, la relación entre el coste de la prestación de los servicios delegados y la cantidad transferida para estos servicios es pequeña, lo que reduce la eficacia. Esto es especialmente cierto en el caso de las subvenciones a la educación, un componente importante de las transferencias delegadas del gobierno central, que se asignan por alumno y no reflejan el coste real del servicio. Algunas transferencias son fijas y relativamente estables en el tiempo, como las transferencias sociales destinadas a las regiones para cubrir la financiación de la sanidad. Además, los municipios pueden solicitar subvenciones a las regiones, que pueden proceder de la responsabilidad individual de la región (por ejemplo, para un programa regional específico) o de la redistribución de las subvenciones estatales (por ejemplo, para los salarios de los profesores).

Otras transferencias para gastos de capital (11,2% del total de subvenciones de los gobiernos subnacionales) suelen concederse caso por caso.

OTROS INGRESOS: Otros ingresos incluyen las tarifas y tasas de los servicios municipales, que están reguladas desde arriba por el gobierno central. Las tasas locales incluyen, en particular, las tasas de agua y alcantarillado, las tasas municipales de recogida de basuras o las tasas de bibliotecas. Representan una gran parte de los ingresos (10,5% de los ingresos de los gobiernos subnacionales en 2020), en línea con la media de la OCDE (13,3%) y de la UE27 (10,3%). Los ingresos inmobiliarios incluyen los alquileres, los ingresos por intereses y las ventas de propiedades (1,1% de los ingresos de los gobiernos subnacionales en 2020).

Normas presupuestarias y deuda de los gobiernos subnacionales
	Dólares PPA / inh.	% PIB	% deuda pública general	% Deuda SNG	% Deuda financiera SNG
Deuda pendiente total	1 468	3.5%	7.5%	100.0%	-
Deuda financiera	642	1.5%	3.8%	43.7%	100.0%
Dinero legal y depósitos	0	-	-	0.0%	0.0%
Bonos/Títulos de deuda	92	-	-	6.3%	14.4%
Préstamos	550	-	-	37.5%	85.6%
Seguros, pensiones	0	-	-	0.0%	-
Otras cuentas por pagar	826.30	-	-	56.3%	-

NORMAS PRESUPUESTARIAS: Los gobiernos subnacionales están sujetos a una norma de equilibrio presupuestario. La Ley Constitucional de Responsabilidad Fiscal de 2012 y la Ley nº 23/2017 sobre Normas de Responsabilidad Fiscal han reforzado las normas de responsabilidad presupuestaria, en particular trasladando las normas fiscales de la UE a la legislación nacional. La reforma de 2017 estableció dos instituciones independientes: (i) el Consejo Presupuestario Nacional, que supervisa el respeto de las normas fiscales y su impacto en la sostenibilidad de las finanzas públicas, incluidas las finanzas de los gobiernos subnacionales, y (ii) el Comité de Previsiones Presupuestarias, que comprueba la credibilidad de las previsiones económicas establecidas en el proceso presupuestario.

DEUDA: La Ley nº 23/2017 introdujo una norma de deuda para los gobiernos regionales y municipales. Según esta norma, la deuda bruta de los gobiernos subnacionales debe mantenerse por debajo del 60% de una media de cuatro años de ingresos. Si no se respeta el objetivo de deuda, las autoridades centrales pueden recortar los ingresos de un municipio o región en un 5% de la diferencia entre su importe de deuda y el objetivo del 60%. Estos ingresos suspendidos sólo pueden liberarse para reembolsar gradualmente las obligaciones de deuda de los gobiernos subnacionales, contraídas antes del año en que se produjo la suspensión. Los municipios y las regiones cumplieron las normas en 2017-2019, antes de la crisis de Covid-19, lo que se reflejó en un nivel de endeudamiento muy bajo. En 2019, aproximadamente 550 municipios (el 9% del total) tenían una deuda superior al 60% de sus ingresos y las regiones no tenían ninguna deuda que superara este umbral. La norma de equilibrio fiscal estructural se modificó en 2020 para permitir al Gobierno central hacer en relación a la crisis de Covid-19 y aplicar ayudas fiscales.

Los municipios pueden obtener préstamos de los bancos comerciales, del Fondo Estatal para el Medio Ambiente, del Ministerio de Agricultura y también pueden emitir bonos con la aprobación del Ministerio de Finanzas (alrededor del 9% de los municipios emiten bonos). Hasta ahora, no se ha emitido ningún bono verde a nivel subnacional. Las regiones también han solicitado préstamos a donantes internacionales como el Banco Europeo de Inversiones.

En 2020, la deuda de los gobiernos subnacionales está muy por debajo de la media de la OCDE (3,5% del PIB y 7,5% de la deuda pública en relación a 27,9% y 20,2% respectivamente). La deuda financiera representa el 43,7% de la deuda viva de los gobiernos subnacionales. El resto se compone de otras cuentas por pagar (deuda comercial, atrasos, etc.). La deuda financiera (1,5% del PIB y 3,8% de la deuda pública) se compone principalmente de préstamos (85,6% de la deuda financiera en 2020). Los bonos representan el 14,4% de la deuda financiera de los gobiernos subnacionales. En 2015, 3 255 municipios de un total de 6 258 estaban endeudados, incluidas las cuatro ciudades más grandes de la República Checa, que -en conjunto- sumaban el 50,4% de la deuda total de los municipios.

GESTIÓN TERRITORIAL DE LA CRISIS : El papel de los gobiernos subnacionales ha sido crucial en la gestión de la crisis COVID-19 dadas sus grandes responsabilidades en materia de sanidad, educación y bienestar social. Las regiones y los municipios se encargan del funcionamiento de los servicios sanitarios y de cuidados de larga duración, mientras que el gobierno central y los fondos de la seguridad social son los principales responsables de la financiación. El gobierno central, a través del Ministerio de Sanidad, también administra algunas instituciones sanitarias y es propietario de hospitales universitarios. Las regiones son responsables de las infraestructuras sanitarias de su territorio (por ejemplo, los hospitales), de controlar la calidad de los proveedores privados de asistencia sanitaria y de aplicar los programas de subvenciones (por ejemplo, inversiones de capital o costes operativos). Las regiones también desempeñan diversas funciones delegadas en materia de sanidad, como el registro de los servicios sanitarios, el control de calidad y la prestación de servicios de urgencia. Poseen organismos de emergencia, unidades de asistencia sanitaria de larga duración, algunos centros de atención primaria y balnearios médicos. Los municipios se encargan de prestar servicios sanitarios en hospitales más pequeños y clínicas médicas privadas. En su Marco Estratégico para la Salud 2030, el gobierno planea reformar la atención primaria y construir una red de servicios de emergencia en todo el país. También planea convertir los pequeños hospitales municipales y regionales en centros de cuidados de larga duración para hacer en relación a la insuficiencia de camas en los centros residenciales de cuidados de larga duración.

Durante la pandemia, los gobernadores de las regiones y el alcalde de Praga garantizaron una capacidad adecuada de camas en la infraestructura sanitaria de su territorio. También desempeñaron un papel importante en los protocolos de prueba, rastreo y aislamiento, así como en el desarrollo de estrategias de vacunación y la adquisición de equipos de protección. En cuanto al bienestar social, proporcionaron cuidados esenciales a los niños cuyos padres trabajaban como funcionarios públicos. En cuanto a la educación, las regiones, a través de las autoridades regionales de salud pública, dictaron medidas restrictivas sobre la asistencia escolar basadas en la situación sanitaria de la región y en el sistema de semáforo epidemiológico. En el ámbito de la seguridad, se ampliaron las competencias de la policía municipal para poder sancionar a las personas que incumplieran las medidas de crisis, sin pasar por los procedimientos administrativos habituales.

MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA HACER FRENTE A LA CRISIS EN LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO: El gobierno central puso en marcha varias medidas fiscales de emergencia para apoyar la economía durante la pandemia. En particular, modificó la fórmula de reparto de impuestos en 2020 para aliviar los ingresos de los gobiernos subnacionales a expensas de sus propios ingresos. Se establecieron bonificaciones compensatorias para los autónomos a través del PIT, así como aplazamientos en los anticipos del PIT y en el CIT pagado por las empresas para apoyar su liquidez, lo que presionó fuertemente los ingresos subnacionales. Para compensar a los municipios por su pérdida de ingresos ligada a los ajustes del PIT, el Estado proporcionó 1.100 millones de euros en subvenciones de emergencia no destinadas a fines específicos. El gobierno también revisó el estado de los proyectos de inversión municipal, junto con la Unión de Ciudades y Municipios de la República Checa, para apoyar la inversión pública a nivel local. Proporcionó financiación adicional para reparar infraestructuras propiedad de los municipios (por ejemplo, escuelas locales, guarderías) y se comprometió a apoyar proyectos de inversión para los que, de otro modo, la financiación sería insuficiente. No obstante, la buena posición fiscal que los gobiernos subnacionales checos habían adoptado antes de la crisis les permitió disponer de importantes reservas de efectivo para hacer en relación a la pandemia.

Las regiones también recibieron fondos adicionales para dotar a las escuelas del equipamiento técnico y los programas informáticos necesarios para la educación a distancia. Además, el gobierno aprobó un paquete de 1.000 millones de coronas checas (unos 40 millones de euros) para apoyar la cultura. Casi un tercio del fondo se destinará a las regiones para apoyar sus infraestructuras culturales, el resto se transferirá a segmentos artísticos independientes y a organizaciones subvencionadas. También se estableció un Plan de Acción Nacional de Crisis del Turismo para 2020-2021 para sostener a los empresarios del sector turístico mediante aplazamientos de sus obligaciones de reembolso a los clientes por viajes cancelados y la revisión del Programa Nacional de Apoyo al Turismo en las regiones.

EFECTOS DE LA CRISIS EN LAS FINANZAS DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES: La pandemia provocó una caída del PIB nacional en 2020 (estimada en un 5,7%), que varió mucho entre las regiones checas, desde un -1,4% del PIB estimado en la región de Bohemia Central hasta un -3,9% en la región de Moravia-Silesia y un -4,5% en la región de Karlovy Vary. Las regiones se vieron afectadas socioeconómicamente de forma desigual debido a las diferentes especializaciones. La crisis de Covid-19 desencadenó un riesgo de aumento de las disparidades entre los gobiernos subnacionales, en particular en lo que respecta a las infraestructuras sanitarias, cuando ya eran elevadas, sobre todo en lo que respecta a las regiones mineras (regiones de Moravia-Silesia, Karlovy Vary y Usti).

Los ingresos subnacionales aumentaron un 2,8% entre 2019 y 2020, lo que refleja mayores transferencias del gobierno (+15,7% de donaciones y subvencionesen 2020) para compensar la caída de los ingresos fiscales (-5,5%). Esta cifra varió entre los gobiernos subnacionales. Los municipios se vieron más afectados, ya que sus ingresos dependen en gran medida de los impuestos, que en su mayoría están ligados al ciclo económico. El Ministerio de Finanzas estima una caída de los ingresos fiscales municipales del 9,1% en 2020, en gran parte apuntalada por la caída del PIT (estimada en un 8,6%) y del CIT (21,5%). Según el Ministerio, la recaudación del IVA también se reducirá en un 2,8%. Por el lado de los gastos, el gasto de los gobiernos subnacionales aumentó un 4,8% en 2020, impulsado principalmente por el aumento de los gastos de capital para las regiones y de los gastos corrientes para los municipios (por ejemplo, compra de equipos sanitarios de protección para el personal, medidas de desinfección). En general, el saldo subnacional mostró resistencia en 2020, gracias a las extraordinarias transferencias centrales y a la sólida posición fiscal de los gobiernos locales antes de la crisis. El saldo municipal se duplicó con creces entre 2013 y 2019, lo que dotó a los municipios de sólidas reservas fiscales para hacer en relación a la pandemia. Como resultado, la deuda subnacional sólo aumentó un 0,9% en 2020, en contraste con el incremento de la deuda de las administraciones públicas (+17,8%). En 2022, la situación fiscal de los gobiernos subnacionales dependerá del apoyo estatal y se verá respaldada por el ajuste de la asignación tributaria a su favor promulgado en virtud de la Ley nº 609/2020 Recop.

PLANES DE ESTIMULACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL: En respuesta al COVID-19, la República Checa recibirá 7.000 millones de euros en subvenciones y 16.000 millones en préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE entre 2020 y 2026 para financiar reformas estructurales y paquetes de recuperación de inversiones del país. Tal y como afirma en su Declaración Política de 2022, el gobierno lo utilizará para impulsar la inversión estratégica a nivel regional.

Además, el país recibirá aproximadamente 1.000 millones de euros en 2021 y 2022 como parte del instrumento REACT-UE, cuyo objetivo es apoyar a los Estados miembros para hacer en relación a la pandemia. Las transferencias se destinarán a la compra de equipos médicos para el sistema sanitario, el sistema integrado de rescate y las infraestructuras sociales (incluidas las residencias de ancianos). La República Checa también se beneficiará de 1.600 millones de euros del Fondo de Transición de la UE, destinado a apoyar a las regiones más desfavorecidas en su transición energética hacia una economía baja en carbono y a sostener las inversiones verdes. Tres regiones podrán optar a este fondo: las regiones de Moravia-Silesia, Usti y Karlovy Vary. Las regiones afectadas por el declive de la minería del carbón también recibirán prioridad a través del recién creado Fondo de Modernización de 5.000 millones de euros, creado para mejorar la eficiencia energética del territorio y gestionado por el Fondo Estatal de Medio Ambiente.

El gobierno elaboró un plan de acción regional para la Estrategia de Desarrollo Regional 2021-2022. Este plan de acción pretende reducir las desigualdades locales tanto a nivel de las regiones como de los municipios con competencias ampliadas y facilitar la aplicación del Fondo de Transición Justa a través de la planificación regional. De acuerdo con el Marco Estratégico nacional de la República Checa 2030 y la Ley nº 248/2000 de apoyo al desarrollo regional, la EDR 2021+ establece objetivos para reforzar la competitividad territorial, reducir las disparidades regionales y promover el desarrollo territorial sostenible. Se centra en cuestiones con implicaciones territoriales que requieren intervenciones nacionales. Sus principales objetivos son garantizar un apoyo a medida para las regiones, hacer hincapié en la dimensión local en las políticas sectoriales, desarrollar la planificación y la gestión estratégicas regionales, reforzar la cooperación entre los niveles de gobernanza, mejorar la coordinación de la planificación estratégica y espacial y desarrollar bases de datos regionales.